La Corte Nacional de Justicia acaba de integrar el Tribunal del caso Sobornos, con lo cual se inicia una nueva etapa en este proceso que por las connotaciones que tiene puede ser calificado como un juicio histórico. No se trata- en efecto- de un caso más dentro de la compleja relación entre política y justicia. Las altas investiduras que ocuparon en su tiempo varios de los encausados- entre ellos un ex Presidente de la República- da a este proceso un relieve especial y desde luego asigna a los magistrados una muy alta responsabilidad para obrar con estricto apego al derecho, más allá de los ribetes políticos que tiene el caso pero que no deben pesar en la decisión que finalmente deban adoptar los magistrados.
La historia política de nuestro país al igual que de varios países del continente está llena de lamentables hechos en los que el poder político fue utilizado como instrumento para enriquecimiento privado. Números gobernantes durante estos últimos años han sido acusados y procesados por actos de corrupción cometidos por ellos en unos casos o por cercanos colaboradores. En casos recientes -como los del Perú o Brasil- se llegó inclusive a destituir a esos mandatarios. La relación entre política y corrupción se volvió desgraciadamente una ecuación repetida en varios países.
El caso Sobornos trata sobre un episodio de nuestra historia reciente que es sin lugar a dudas el más grande caso de corrupción sistémica en la historia nacional, tanto por los gigantescos montos económicos que fueron desviados, cuanto por las altas investiduras que ostentaron los acusados. Más allá de las pasiones políticas que deben ser ajenas a un proceso judicial, ése tiene connotaciones en varios campos. Entre ellos puede servir para mostrar que sí es posible terminar con la impunidad que ha hecho que la ciudadana reniegue de la política. Se trata de una alta responsabilidad de los magistrados, que deberán obrar con imparcialidad, pero con severidad para que quienes resulten culpables respondan por lo que hicieron.
Send an email 
