Desde esta semana, la Defensoría del Pueblo en el Azuay recibirá a las víctimas del paro nacional para que rindan sus versiones sobre los posibles casos de uso excesivo de la fuerza, amedrentamiento y amenazas desde el Estado en la provincia. Las audiencias estarán abiertas hasta el 14 de febrero.
Así lo detalló Verónica Aguirre, defensora del pueblo en el Azuay, quien acotó que los testimonios serán remitidos a la Fiscalía y formarán parte del informe sobre el paro nacional que se emitirá desde la Comisión de la Verdad y Justicia que trabaja en Quito para informar sobre los posibles abusos del Estado en las manifestaciones.
La funcionaria explicó que la sede de la Defensoría del Pueblo en Cuenca, ubicada en la Gran Colombia y Unidad Nacional, servirá como un centro de apoyo para los testimonios que serán rendidos directamente ante los miembros de la Comisión de la Verdad a través de videoconferencias.
No se descarta una visita de los comisionados a la ciudad durante el proceso de recopilación de información.
De acuerdo con los informes preliminares de la Defensoría del Pueblo, en Azuay se registraron 122 personas heridas dentro de las protestas y la muerte del comunero Raúl Chilpe en la parroquia Molleturo.
Según Aguirre, en este último caso se coordina con la Fiscalía Provincial del Azuay para que se determinen responsabilidades sobre el arrollamiento del comunero y la actuación de las autoridades en cuanto a la atención a la víctima y la oportuna detención de sospechosos. (JMM)-(I)
