Dos conocidos activistas políticos ecuatorianos solicitaron este martes la comparecencia del presidente, Lenín Moreno, en la Asamblea Nacional (Parlamento), al acusarle de «inacción» y «encubrimiento» de la empresa Odebrecht.
«Estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que se convoque al presidente de la República para que dé explicaciones de por qué conociendo la terminación unilateral del contrato, estando en conocimiento de todo lo que sucedió, no hizo nada», declaró a los medios César Montúfar, tras entregar la solicitud.
El activista acusó al actual Ejecutivo de «guardar silencio» sobre el caso y aseguró que estas circunstancias han llevado a que en lugar de que la empresa devuelva al país «los recursos que se llevó, nos demanda a nosotros».
La firma brasileña Odebrecht reclama más de 180 millones de dólares al Estado ecuatoriano como indemnización por la terminación unilateral de un contrato para la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, que no llegó a concretarse.
Petroecuador terminó ese contrato unilateralmente con Odebrecht el 12 de octubre de 2017, aduciendo incumplimiento.
El escrito presentado hoy ante el Legislativo pide además que se proceda al inicio de un juicio político -moción de censura- al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y al exministro de Energía y Recursos No Renovables Carlos Pérez, por supuesto «incumplimiento de funciones».
Según argumentó Montúfar, ambos habrían «encubierto» o actuado de forma negligente contra la firma brasileña cuando concluyó el contrato por parte de la empresa estatal Petroecuador.
Por su parte, Fernando Villaviencio, también solicitante de la comparecencia de Moreno, recordó que la constructora brasileña «es responsable de la mayor trama de corrupción conocida -en Ecuador- como «Arroz Verde».
Este último activista y periodista denunció que el mandatario «tenía en sus manos toda esa información» y que «tiene que responderle al país porqué durante dos años se guardó estos documentos».
Respecto al procurador y exministro afirma que «tenían la obligación de impulsar esta acción en contra de la multinacional para reclamar daños y perjuicios».
«La Asamblea tiene la obligación de llamar a Lenín Moreno para que diga por qué se guardó estos documentos», manifestó.
La firma brasileña, involucrada en un caso de sobornos en Ecuador calculados en más de 35 millones de dólares, inició el 10 de julio pasado un diálogo con las autoridades del país en el marco de un proceso de reparación integral por daños ocasionados por esa situación.
El representante de la firma para América Latina, Félix Martins, reconoció entonces que los «errores cometidos en el pasado y el firme e indeclinable compromiso» con un proceso de reparación eficaz para con las autoridades del Estado ecuatoriano.
El procurador general del Estado aclaró en esa ocasión que la negociación «no interferirá en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la Contraloría, judiciales y administrativos que se encuentran en marcha».
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas, elegido en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama, acusado de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en supuestos sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo.
En total se investigan o han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña.
En paralelo se desarrolla otro proceso sobre la presunta participación de la constructora en la financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
