La etapa de juzgamiento inició a las 09:00 del 10 de febrero, y concluyó la madrugada de este viernes.
Después de que a la 01:30 de la madrugada de este viernes los jueces del tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, pusieron fin a la etapa de alegatos de Diana Salazar e Íñigo Salvador, titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Procuraduría, respectivamente; y de los abogados de los 20 procesados, los magistrados empezaron a deliberar y considerar la pruebas de descargo para dictar sentencia en el caso «Sobornos 2012-2016».
Los jueces podrían decidir, entre acoger el pedido de la fiscal y sentenciarlos a ocho años por el delito de cohecho tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), o dictar el sobreseimiento. Al finalizar la diligencia, el juez León explicó que en el momento oportuno notificará a las partes procesales la fecha y la hora en la que se reinstalará la audiencia para dar a conocer la resolución.
Íñigo Salvador, pidió a los jueces “afrontar esta histórica coyuntura y aislar y erradicar a esos agentes corruptores en una lección ejemplarizadora para los corruptos de todos los tiempos, y como testimonio de que la justicia alcanza a todo malhechor, tenga el poder que tuviere o el dinero que tuviere”, señaló.
Y ratificó la solicitud de reparación integral al Estado por 23.025.588,27 dólares más el monto de los contratos firmados con las empresas. En la audiencia, la intervención de Salvador estuvo divida en cinco partes: primero explicó cómo la estructura delictiva cometió el cohecho.
Luego describió cuáles fueron los actos en los que incurrieron los exfuncionarios públicos: Rafael Correa (A1-SP-RC-RCD); Jorge Glas (A2-SVP-L1-JG); Vinicio Alvarado (VA-VAE); Ángeles Duarte (MD-L2); Walter Solís (WS-L3); Pamela Martínez (PM-C3); Laura Terán (LT); Alexis Mera (AM); Viviana Bonilla (VB); y Christian Viteri (CV). También identificó a los representantes de empresas que ofrecieron o entregaron sumas a los funcionarios e ilícitamente se beneficiaron con contratos o convenios de pago.
Reaccionan los abogados
Gustavo García, abogado del empresario Ramiro Galarza, de Consermín, dijo que en el proceso se demostró que la fiscalía “jamás pudo pasar de lo probable a lo probado”, y señaló que solo se enfocó en “conjeturas inexactas”. Consideró que sus alegatos de cierre no tienen sustento, y difieren del acervo probatorio. “Todo lo que ha hecho la fiscalía es favorable a sus intereses porque en el expediente no hay ninguna prueba que determine la culpabilidad”, señaló.
El criterio de Jorge Acosta, defensa del empresario Alberto Hidalgo fue que la acusación de la fiscal sea declarada temeraria y maliciosa. A Juan Ortega abogado de Walter Soliz le preocupa que a futuro sus clientes ya no podrán firmar contratos (SCC)-(I)
VINCULADA
Tres pruebas de última hora
El 27 de febrero, las defensas de Rafael Correa y Alexis Mera, intentaron incorporar tres nuevas pruebas que fueron rechazadas por los jueces. Primero pidieron la comparecencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral que aprobaron el informe “Arroz Verde” que no halló irregularidades en los aportes de campaña a Alianza País. Luego que se realice una pericia a un CD que contiene archivos base de «Arroz Verde» que habría sido creado con dos años de anterioridad a la investigación. Según Fausto Jarrín, para esto se usó un programa denominado IB2 de la multinacional IBM que solo es vendida a los gobiernos, y no los particulares ni empresas privadas, y finalmente solicitaron la reproducción del audio del testimonio de José Santos, de Odebrecht.
