Los últimos 8 días han sido “enfermizos” para Verónica Tapia, comerciante que ha tenido que valerse de préstamos, ahorros y sobregiros para poder pagar salarios y el arriendo de su local de ropa, cerrado desde hace casi un mes. Para ella, la emergencia más que sanitaria es económica.
Como Verónica, cientos de comerciantes, artesanos, emprendedores, pequeños y medianos industriales esperan luz verde para volver a abrir sus negocios, o alternativas desde el Gobierno para no quebrar durante la emergencia.
La dirigente de los artesanos Piedad Soto sostiene que sus colegas tienen deudas acumuladas, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Jaime Moreno, teme que hayan socios que no puedan volver a abrir sus locales, mientras desde la Cámara de Industrias, Andrés Robalino, presidente ejecutivo, pide medidas urgentes para salvar empleos.
La situación puede agravarse hasta mediados de abril indican los dirigentes, ya que en pocos días se cumple el pazo para el pago de utilidades y “la iliquidez de las empresas hace que muchas tengan dificultades para cumplir estas obligaciones” indica Robalino.
El especialista en derecho laboral, Eugenio Fernández, explica sobre este último tema que las utilidades no tiene una ampliación de plazo, ya que el Acuerdo Ministerial 079 emitido por la emergencia sanitaria extiende por 90 días solo el registro del pago, pero los valores deben estar cancelados hasta el 15 de abril.
Fernández explica que el no pago de utilidades acarrea multas que alcanzan los 20 salarios básicos unificados, esto es 8.000 dólares, y no eximen a los patronos de sus obligaciones.
De acuerdo con los dirigentes de los gremios, la iliquidez puede acarrear retrasos en el pago de sueldos y en el peor de los casos despidos o incluso la quiebra de las empresas o negocios, algo que repercutiría en desempleo, pobreza y menos recursos para enfrentar la crisis.
Frente a este panorama, la Asamblea Nacional prepara un cuerpo normativo para sostener al sistema económico nacional durante y después de la crisis, explica el legislador Juan Cristóbal Lloret, quien forma parte de la mesa de lo laboral en la legislatura.
Dicha propuesta contiene ejes como el diferimiento del pago de los empleadores a la seguridad social sin que sus empleados pierdan beneficios, impuestos a la banca, al patrimonio sobre 1 millón de dólares y techos arancelarios para proteger la industria local.
El legislador indica que en materia de liquidez se plantea la ampliación de créditos desde la banca pública a menor interés y con meses de gracia, así como un plan que permita el copago de sueldos de los empleados privados a través de un bono de compensación del Gobierno.
Todas estas ideas están todavía en proyecto y se espera que el presidente de la Asamblea convoque al pleno para iniciar su debate.
Pérdidas
Mientras tanto, el panorama es complicado para el sector económico. Soto indica por ejemplo que los artesanos están “sobreviviendo” con ayudas alimenticias y que “ya no aguantamos más la falta de ingresos” económicos.
Jaime Moreno calcula en 370 millones de dólares las pérdidas a nivel nacional y sostiene que tanto el Gobierno Nacional como el Municipio deben tener listo un plan de reactivación que permita salvar empleos.
“No son solo cifras, son seres humanos los que están padeciendo los efectos económicos de la pandemia” afirma el dirigente de la Cámara de Comercio.
Robalino por su parte indica que si se resuelve el problema de iliquidez, esto es a través de créditos e incentivos, las empresas podrán sobrellevar los meses de abril y mayo, pero de ahí en adelante se necesitan políticas económicas fuertes
La comerciante de ropa espera medidas urgentes ya que con cada día que pasa las deudas se acumulan junto con la desesperación de ser parte de las otras cifras de la pandemia, los números rojos de la crisis económica. (JMM) (I)
