Esta mañana de martes 19 de mayo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció en cadena nacional al menos siete nuevas medidas económicas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Se trataría de un paquete de nuevas medidas de ajuste y ahorro en el sector público.
Entre las primeras medidas tomadas está el recorte de jornada laboral del sector público. Los funcionarios públicos trabajarán seis horas al día en vez de las ocho actuales. Quedan exentos de esa medida el personal de servicios de salud, Policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. En educación, se reducirá una hora de trabajo.
Moreno explicó que las medidas tendrán un impacto de USD 4.000 millones, de ellos USD 980 millones vienen del grueso salarial, USD 400 millones se desprenden de la reducción de gastos en bienes y servicios, USD 1.300 millones en disminución de inversión y USD 1.300 millones en temas de reestructuración de deuda externa.
Por otra parte, se liberan los precios de los combustibles, y el Presidente señaló que se toma la medida en medio de la caída del precio del crudo. “En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Hoy mismo, en las gasolineras de todo Ecuador, los precios de los combustibles habrán bajado”, aseguró.
Por ahora queda establecido una reducción del precio de la gasolina extra y la ecopaís, de USD1, 85 a 1,75, y el precio del diésel a USD 1. El precio estará atado a precios internacionales.
Moreno precisó no obstante que cuando suba el precio del petróleo se empleará un sistema de bandas para evitar que los precios se incrementen de manera desproporcionada.
Moreno recordó que el sistema de fijación de los precios de los combustibles no permite a la ciudadanía beneficiarse del descenso de los precios del barril de crudo y que, para contrarrestar esta situación, se aplicará un nuevo sistema.
Moreno dio a conocer que Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares a causa de la emergencia por coronavirus a escala mundial, cantidad que sumó al déficit de 4.000 millones del Presupuesto General del Estado (PGE).
En total, el país ha dejado de ingresar 12.000 millones, afirmó el jefe de Gobierno antes de subrayar que la actual crisis ha provocado que 150.000 ecuatorianos perdieran su trabajo por el cierre de empresas, pese a los esfuerzos para mantenerse a flote.
«Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos», recalcó.
El presidente ecuatoriano afirmó que, en línea con la política de austeridad propuesta desde el inicio de su Gobierno hace tres años, se han eliminado 43 entidades y se prevé la supresión o fusión de 10 más.
Anunció la eliminación de siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME -con pérdidas de más de 400 millones en cinco años-, que entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas.
En el sector exterior resolvió cerrar algunas embajadas y oficinas diplomáticas, entre ellas la de Irán, Nicaragua y la Representación ante el Parlamento Andino, y la vuelta de 70 funcionarios del servicio exterior.
Asimismo detalló que los poderes del Estado, reunidos en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) presentarán hasta finalizar el mes, un ahorro de entre el 10 y 15% de los presupuestos en gasto corriente.
En relación a las críticas recibidas por haber pagado deuda externa al inicio de la pandemia, el dirigente argumentó que se cancelaron 341 millones, lo que permitió un ahorro de 1.300 millones por intereses, gracias a los cuales se obtuvieron 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables.
«Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y reactivar la economía», aseveró.
Informó que se destinarán 750 millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social y detalló un programa de financiamiento de más de 1.000 millones para la reactivación productiva.
Por último, justificó la recientemente aprobada Ley de Apoyo Humanitario, además de la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, propuestas para enfrentar la crisis por el COVID-19.
De la primera, dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener el empleo y evitar que empresas quiebren, mientras la segunda, defendió, transparenta y ordena la economía nacional.
