Un estudio del Grupo de Investigación en Población y Desarrollo Local Sustentable (PYDLOS), de la Universidad de Cuenca, revela los tipos de delitos que son menos denunciados en esta ciudad.
Asimismo, pone en evidencia el perfil sociodemográfico de la víctima que no denuncia con respecto a condiciones como: rango de edad, sexo, nivel de instrucción y estado socioeconómico.
Antonia Machado, coordinadora de la línea de investigación en seguridad ciudadana y derechos humanos del PYDLOS, indicó que este proyecto se denomina: ¿Por qué las víctimas no denuncian?
Para Machado, el fenómeno de la no denuncia es un problema público de gran importancia porque hay un subregistro, pues algunos hechos delictivos que no son reportados a las autoridades.
De acuerdo con esta investigadora, Ecuador es el cuarto país en la región que tiene la cifra no denunciada más alta. Tercero es Brasil. “Nosotros tenemos un 80% de delitos que no son denunciados…”, dijo.
En Estados Unidos (EE.UU.) por ejemplo, este índice está entre un 50 y 56%. En América Latina hay naciones como México en donde este número llega al 92% y El Salvador donde está en un 91%.
Entre las conclusiones de esta investigación están que las mujeres denuncian menos que los hombres, lo que es producto de circunstancias estructurales de inequidad de la sociedad.
En términos de edad, quienes menos denuncian son los jóvenes entre 15 y 29 años, y los adultos mayores (entre 65 y 70 años). Estas son poblaciones que históricamente también han sido invisibilizadas.
En cuanto al nivel de educación este estudio encontró que quienes menos denuncian son las personas que no han tenido instrucción o han cursado máximo alfabetización; y quienes han llegado al límite del bachillerato.
“Es decir la denuncia se concentra en personas que han accedido a educación superior sobre todo posgrados, entonces aquí también podemos ver una serie de inequidades…”, insistió.
En cuanto al nivel socioeconómico quienes menos denuncian son las personas que escasos recursos económicos y quienes viven en las zonas rurales.
“El sistema de justicia está concentrado en las cabeceras cantonales y es difícil la movilización para personas por ejemplo de Chaucha, Molleturo e incluso de las parroquias rurales que están más cercanas…”, dijo.
Marcelo Valdés, exmiembro de la Policía Nacional, abogado e investigador en temas de seguridad ciudadana, considera que las víctimas de delitos no denuncian por falta de confianza en la función judicial.
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“Se ha generalizado tanto la idea de que la justicia y la policía no actúan, no hacen bien su trabajo, y eso ha afectado mucho. Claro que hay casos cuestionados, pero no se puede generalizar, no es así…”, precisó.
Para Valdés los medios de comunicación tienen un rol importante en la percepción, pues cree que hay hechos negativos que son registrados en detalle mientras que otros positivos o resultados pasan desapercibidos.
Por otra parte, Milton Cobos, exintegrante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y asesor en temas de seguridad, cree que el Estado tiene un deber fundamental: “sincerar las cifras”.
“Casi siempre se dice que el Gobierno Nacional es el responsable de la seguridad y eso es cierto, pero eso no quita que los gobiernos seccionales también apoyen no solo con políticas sino con dinero”, expreso. (CSM)-(I)
