Un total de 150 precandidatos (principales y suplentes) a asambleístas por la provincia de Azuay escogieron, por medio de elecciones internas, 17 organizaciones políticas.
A partir de este 23 de agosto los elegidos tienen 10 días para acudir personalmente a la Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Azuay para firmar la aceptación de su nominación.
Pues así lo establece el Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas. Esta normativa legal fue aprobada por el Pleno del CNE a inicios de agosto.
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Los aspirantes competirán por el voto ciudadano para conseguir ocupar una de las cinco curules que le corresponde a Azuay en la Asamblea Nacional.
Las inscripciones de los candidatos en el CNE serán entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre de este año. La campaña electoral se desarrollará del 31 de diciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021.
Al menos dos de los actuales asambleístas de Azuay buscarán la reelección. Ellos son Lourdes Cuesta, quien ahora va con el Partido Social Cristiano (PSC).
Igualmente está Juan Cristóbal Lloret, quien irá en representación de una alianza entre el movimiento Centro Democrático y el colectivo Unión por la Esperanza (UNES).
También aparecen exautoridades como Marcelo Cabrera, quien fue alcalde de Cuenca y Prefecto de Azuay. Es la principal figura del movimiento Igualdad.
Según Marco Armijos, sociólogo y promotor de una veeduría ciudadana, para estos comicios hay entre un 35 y un 40% de electores que aún no decide por quién votar.
Para él esto se debe a dos factores: primero a la desconfianza en la política y sus actores; y segundo: a la gran cantidad de postulantes, algunos completamente desconocidos.
“Entonces surge una pregunta: cuántos de estos candidatos participarían si a ellos les tocaría pagar de sus bolsillos la campaña, creo que serían muy pocos…”, refirió.
Por eso Armijos y otros activistas que buscan ser veedores de la contienda electoral de 2021 también apoyan una reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.
“La idea es incluir en esta ley una disposición para que los candidatos que no consigan determinada cantidad de votos devuelvan el dinero que el CNE les asigna para que hagan su campaña…”, explicó Armijos.
En el caso de Azuay, acotó, si bien hay 140 precandidatos, aún se debe esperar a la inscripción oficial, dado que muchas fuerzas políticas llegan a acuerdos y alianzas, y finalmente fusionan sus listas.
Para Lorena Urdiales, estudiante de derecho e integrante de la iniciativa Voto Responsable, la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta el país hará que este proceso eleccionario sea diferente.
“La gente estaba y está cansada de la política y corrupción, y va a explotar cuando se difunda más que para la campaña electoral se tendrá que entregar más de 42 millones de dólares…”, señaló.
Y agregó: “claro que en teoría se debe saber diferenciar que es necesario también que el país tenga este proceso democrático para elegir a sus autoridades, pero es difícil que eso se trasmita a la población”.
Para ella algunas tiendas partidistas presentan candidatos a sabiendas de que no tienen posibilidad de ganar, pero lo hacen con el fin de forzar alianzas para buscar espacios de poder. (CSM)-(I)
