En tres puntos resume la Contraloría General del Estado sus observaciones a los procesos de compra de Acción Social Municipal durante la emergencia: Inadecuados procesos de control, bienes que no fueron registrados, y compras a un proveedor incumplido.
El examen DPA-0017-2020, aprobado el 2 de octubre y hecho público el último fin de semana audita 259.834 dólares para la compra de alimentos para grupos vulnerables durante la emergencia sanitaria.
El equipo dirigido por el auditor interno Henry Álvarez determinó que hubo “inadecuados procedimientos de control en las adquisiciones realizadas por la emergencia”, esto porque parte de los artículos comprados no estaban en el proyecto inicial de kits alimenticios.
Diana González, directora de Acción Social Municipal, indicó al auditor que esto se dio porque, debido a la emergencia, se optó por llenar los kits con los productos disponibles en el mercado y la necesidad de las entregas no permitió generar procesos burocráticos para justificar el cambio.
En otro punto la Contraloría concluyó que los bienes adquiridos por la emergencia sanitaria, “no contaron con ingresos ni egresos de bodega, ni fueron registrados contablemente”.
Detalla que durante la emergencia, Acción Social hizo 15 contratos. De estos, la compra de kits de alimentos por 117.124 dólares, de canastas por 8.793 dólares, y de dispositivos médicos por 1.576 dólares, no contaron con documentos de ingreso o egreso de bodega.
En ocho compras más de alimentos para llenar kits se realizaron los ingresos a bodega pero no hubo documentación de egreso.
De acuerdo con los técnicos de Acción Social, esta situación se dio porque la persona encargada como guardalmacén se encontraba haciendo teletrabajo por pertenecer a grupos de riesgo, y su presencia en las bodegas del banco de alimentos fue esporádica, lo que no permitió un control detallado de los productos.
La última observación de la Contraloría señala que “no se realizó un análisis del proveedor, previo adjudicar la compra de insumos médicos”.
El equipo auditor explica que, para la compra de mascarillas y trajes de protección por 488 dólares, el Municipio contrató con un oferente que estaba catalogado como “incumplido y fallido” por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), y por lo tanto inhabilitado para recibir fondos públicos.
El departamento de Compras Públicas de Acción Social Municipal justificó el hecho con la emergencia. Comunicó que los demás proveedores “no estaban interesados” en el contrato.
Las observaciones de la Contraloría pasarán a su departamento de responsabilidades para establecer si los funcionarios observados tendrán sanciones administrativas, económicas o penales. (JMM)-(I)
