El uso indebido de la línea única para emergencias causa encolamiento de llamadas, entorpece la atención de incidentes reales, desperdicia logística y tiempo para la asistencia ciudadana, obstaculiza la labor de salvar vidas, no permite que las unidades de las entidades articuladas se movilicen de forma oportuna e imposibilita la total disponibilidad de los recursos de socorro, dificultades que se agudizan más en la crisis sanitaria, y por esas razones el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió multar económicamente a quienes hayan usado inadecuadamente el 9-1-1 en este período.
Durante el estado de excepción, el ECU 911 — mediante sus protocolos operativos y metodológicos— ha identificado 1.497.387 registros de mal uso del servicio. La magnitud de esta irresponsabilidad si se calculara en forma secuencial hubiera significado cerrar los centros ECU 911 durante 50 días.
La primera vez, se sancionará con USD 100; en la segunda ocasión, se cobrarán USD 400 por la reincidencia; la tercera vez, la multa será de USD 100 (segunda infracción); la cuarta vez se cobrarán USD 400 (segunda reincidencia). La máxima sanción equivaldría a USD 1.000 (dos infracciones y dos reincidencias), se establece este sistema porque una sola persona de Quito, desde el número 099517230X, realizó 1.236 llamadas (con un promedio de 20 comunicaciones diarias) de mal uso y el valor que le correspondería con otro mecanismo de multas sería impagable para este ciudadano: USD 309.000. (KOQ)-(I)
Afectación a la atención de emergencias
a nivel del país. Cortesía
El mal uso del 911 ha afectado la operatividad del sistema ecuatoriano de emergencias en USD 3.833.310. El costo de una llamada indebida — que dura en promedio 1 minuto con 50 segundos— es de USD 2,56.
En esta estimación se consideran aspectos de logística y tecnología que se deprecia, costos productivos y no productivos, devaluación de mobiliario y equipos, servicios básicos y telecomunicaciones que los asume el ECU 911, pero más que el prejuicio económico lo que interesa es que el servicio del 9-1-1 esté 100 % disponible para emergencias.
Durante el confinamiento y estado de excepción, este uso indebido afectó a la gente que sí requería ayuda inmediata. La utilización inadecuada es un problema difícil de solucionar por la falta de corresponsabilidad ciudadana. (I)
