La campaña electoral para las elecciones generales del 7 de febrero de 2021 comienza este jueves, 31 de diciembre, justo el último día de 2020. Esta será hasta el 4 de febrero del próximo año.
Cada lista, integrada por cinco candidatos, a asambleístas por la provincia de Azuay, tendrá derecho a usar 13.329,74 dólares, que entrega el Consejo Nacional Electoral (CNE), para promocionarse.
Estos recursos sirven para pagar a los medios de comunicación: radios, periódicos y televisión, que difundan la propaganda de los postulantes. Asimismo, para cancelar a las empresas que confeccionen vallas publicitarias.
Pero, además, los aspirantes por Azuay a la Asamblea Nacional pueden utilizar para publicitarse un monto máximo de 185.521,80 dólares, de fondos propios o gestionados, que deben ser justificados ante el CNE.
En el caso de los binomios a la Presidencia y Vicepresidencia del Ecuador el CNE estableció que tengan derecho a 301.175,66 dólares para difundir sus perfiles y planes de trabajo.
En cambio, para los candidatos a legisladores nacionales cada organización política contará con un total de 282.352,18 dólares para hacer su propaganda electoral.
Para Jhoana Samaniego, publicista y asesora en marketing digital, esta campaña electoral será completamente diferente a las anteriores debido a la pandemia por la Covid-19.
A criterio de Samaniego esta vez será fundamental la inventiva y creatividad de los aspirantes y sus equipos de trabajo, dado que tendrán pocos recursos para promocionarse.
Además, porque solo pueden hacer caravanas y caminatas, y no concentraciones y mítines políticos con tarimas, orquestas y conciertos, como se acostumbraba anteriormente.
A decir de Samaniego, igualmente las agrupaciones políticas deben, en esta ocasión, aprovechar de mejor manera las redes sociales, especialmente, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
“Dependiendo de la estrategia que se aplique se puede muy bien priorizar el dinero para hacer publicidad en las redes y ser efectivos. Todo depende de la estrategia y un buen manejo de la parte tecnológica y política…”, precisó.
Según Juan Carlos Beltrán, abogado y consultor en legislación electoral, esta vez los costos que represente la propaganda en redes sociales deben ser reportados al CNE.
Esto consta en el Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral, aprobado el 27 de noviembre por la institución electoral, y cuyo objetivo es prevenir la corrupción.
Esto porque busca verificar y comprobar el origen, monto, uso y destino de los recursos en la promoción electoral por parte de los partidos, movimientos y alianzas políticas. (CSM)-(I)
EN REDES
Para Mario Rengel, diseñador web y asesor en redes sociales, es fundamental que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenga una política clara para hacer un control efectivo de la propaganda, especialmente, en Facebook y Twitter.
Recordó que Twitter prohíbe en todo el mundo la promoción de contenido de carácter político. Esta decisión se basa a la creencia de que el alcance de los mensajes políticos se debe ganar y no comprar.
Esta red social, que está entre las más utilizadas en el mundo, define los anuncios políticos como aquellos que hacen referencia a un candidato, partido político, funcionario gubernamental electo o designado.
