Los cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fueron destituidos por Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) preparan su defensa, contarán con los abogados de la institución y también han contratado juristas particulares, pedirán ampliación y aclaración del fallo, pero además lo apelarán, así lo advirtió Byron Torres, abogado de Diana Atamaint (presidenta) y el consejero José Cabrera. Enrique Pita (vicepresidente) y Luis Verdesoto no cuentan al momento con defensor propio.
Es que según el defensor de los vocales acusados de incumplir una sentencia del TCE a favor del movimiento Justicia Social, del abogado Álvaro Noboa, el fallo de Torres es desproporcionado, pues en este caso no sería pertinente la sanción a una infracción electoral, sino solo una queja; pero ante todo advirtió que se está interfiriendo en el proceso electoral a menos de un mes de que los ecuatorianos acudan a las urnas.
“Está el artículo 270 el Código de la Democracia que determina que cuando existe vulneración de derechos por parte de un servidor electoral, lo que procede es la opción de queja. Además, el artículo 16 del Código de la Democracia determina que ninguna autoridad podrá inferir en el proceso de elecciones”, puntualizó el jurista.
Los consejeros acusados además insisten en que el juez Torres debe ser recusado (retirado del caso), pues habría expuesto con anticipación su fallo. Además, sobre el magistrado dejaron caer varias acusaciones, les parece sospechosa la rapidez con la que elaboró una sentencia de 76 páginas en menos de 24 horas y dejan entrever intereses de favorecer al empresario Álvaro Noboa, que busca por sexta ocasión llegar a Carondelet.
Aunque afirman que garantizarán la realización de las elecciones del 7 de febrero, los vocales advierten que si son retirados de sus cargos el proceso electoral se retrasará inevitablemente, pues quienes los reemplacen deberán acatar la sentencia del TCE que dispone otorgar tiempo para que Justicia Social realice sus elecciones primarias e inscriba los candidatos, lo que implica reiniciar la impresión de las papeletas electorales, que se están imprimiendo sin contar con el nombre de Álvaro Noboa.
“Aquellos que nos reemplacen van a tener que poner en vigencia esta resolución, eso significa suspender el proceso electoral, ordenar la inscripción de nuevas candidaturas por parte de Justicia social, reimprimir las papeletas y por tanto no se cumpliría con la fecha de posesión de las nuevas autoridades como consta en la Constitución es evidente que esto es un golpe a la institucionalidad democrática del país”, puntualizó Enrique Pita. (I)
