Datos del Servicio de Protección Integral (SPI), del Gobierno Nacional, revelan que entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 se registraron 224 delitos de violencia sexual contra menores de edad en Cuenca.
Asimismo, cifras del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), del Municipio de Cuenca, dan cuenta de que entre agosto de 2019 y julio de 2020 se contabilizaron 400 de estos casos en esta ciudad.
Igualmente, estimaciones del Ministerio de Educación muestran que en el año escolar 2019-2020 se dieron 597 denuncias de violencia, de las que el 41,37% corresponde a violencia sexual a niños y adolescentes.
Para Lorena Carranza, psicóloga e investigadora en violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales a menores de edad es un problema que aún no “está medido en su verdadera magnitud”.
Y es que Carranza explicó que una buena parte de estos hechos no son denunciados, pues los adultos, por una serie de prejuicios o por miedo a ser cuestionados, prefieren no informar a las autoridades.
De acuerdo con Carranza, algo similar ocurre con las víctimas, pues por temor a que nos les crean, por desconocimiento, por falta de oportunidades o por amenazas del agresor, ocultan lo ocurrido.
Prevención
Por eso a criterio de ella es necesario que el Estado tenga políticas claras y profesionales que hagan un trabajo de campo en lo urbano y rural para descubrir estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
A criterio de Marcela Caldas, abogada y asesora en acciones para la prevención de violencia de género, el sistema judicial, al menos en los casos que ella ha conocido, no ha respondido de manera efectiva.
Y puso como ejemplo la sentencia que el miércoles último se le impuso a Lauro Vicente G., en Cuenca, quien fue acusado de abuso sexual a una niña, de 7 años. Le dieron cinco años de prisión.
El sujeto, en junio de 2020, aprovechó la confianza que tenía con los padres de la pequeña y un día que se quedó solo en casa con ella la tocó. Hizo lo mismo con otra niña, de 12 años.
Recordó igualmente que en diciembre de 2020 Marcos Gabriel S., profesor, fue sentenciado a cinco años de prisión por el abuso sexual cometido contra un estudiante, de 12 años.
El hecho ocurrió en junio de 2017 en la comunidad La Encamada, del cantón Pucará, en la provincia de Azuay. Al imputado además se le ordenó pagar 500 dólares como reparación integral a la víctima.
Citó que en diciembre de 2020 igualmente Diego Franklin B., fue condenado en Cuenca a nueve años de cárcel por el abuso sexual a su sobrina de ocho años. Sucedió en la parroquia El Valle.
“No quiero decir que estas sentencias estén mal, lo que quiero decir es que a la justicia le hace falta investigar más, dedicarse más, dar mayor atención a estos casos, que van en incremento…”, mencionó.
Mayor riesgo
Para Cristian Machado, abogado e investigador en maltrato infantil, la violencia sexual a menores de edad tiene una particularidad que la hace aún más peligrosa.
“Esto es algo particular porque me atrevo a decir que en la mayoría de casos quienes comenten este delito son cercanos a las víctimas, son familiares, amigos, profesores, vecinos, allegados a los padres…”, dijo.
“Hay niños, niñas y adolescentes que están expuesto dentro de sus casas, su hogar no les da seguridad, incluso pienso que su hogar es una cárcel y están completamente vulnerables a los agresores…”, acotó.
De acuerdo con Machado, hace falta programas estatales de atención efectivos, que cuentan con profesionales que vayan a las casas, escuelas, iglesias, barrios y allí investiguen, indaguen y reporten.
Para Marco Calle, abogado y maestrante en derecho penal, además de exasesor de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), las sentencias en casos de violencia sexual generan discrepancias.
“Casi siempre se les pide a los jueces que a los culpables se les aplique la máxima pena, pero un magistrado para dar su sentencia evalúa varios aspectos y mucho depende del fiscal que acuse…”, precisó.
Indicó que este tipo de delitos se castiga de acuerdo con los artículos 170 y 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se distingue abuso sexual y violación. Esta última es cuando hay acceso carnal.
La primera se castiga con una pena privativa de libertad de cinco a siete años, o de siete a 10, por agravantes; mientras que la violación se sanciona con cárcel de hasta 26 años.
DETALLES
Según datos de la Policía Nacional en Ecuador en Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por abuso sexual, acoso y violación a mujeres y menores de edad.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno del Ecuador, en este país más del 83% de agresiones de tipo sexual de mujeres y niños se da dentro del círculo cercano de estos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en la emergencia sanitaria, el número de denuncias se redujo considerablemente: de un promedio de 6.552 denuncias por semana, a 3.791.
Las denuncias por delitos sexuales: especialmente abuso sexual y violación, se redujeron al inicio de la emergencia sanitaria, pero fueron incrementándose paulatinamente.
Desde el 20 de abril de 2020, cuando se habilitó la herramienta para denunciar en la página web de la Fiscalía General del Estado (FGE) hubo un incremento de denuncias por violencia física y psicológica. (I)
Cifras
65%
de casos de violencia sexual contra niños y adolescente es cometido por familiares. Esto según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
55,6%
de casos de violencia sexual contra menores de edad no son denunciados por las familias, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
64%
de los casos de abuso sexual en Ecuador son cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas, según cifras de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
