Deficiencias en la entrega de carnets de discapacidad que permitieron la importación de vehículos con exenciones tributarias, calificaciones hechas cuando los servicios de carnetización estaban cerrados y falencias en las evaluaciones fueron determinados por la Contraloría General del Estado en el Austro.
Una serie de informes se presentaron por el ente de control en varios distritos de la Coordinación zonal 6 de Salud que regenta a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, algunos con serias conclusiones sobre la entrega de carnets de discapacidad.
Un primer informe se centra en los carnets entregados por el Hospital General de Macas, en la provincia de Morona Santiago.
El ente de control determinó que entre 2014 y 2016 se entregaron 21 carnets a personas que tenían menos del 40 % de discapacidad física, auditiva o visual, y entre 2019 y 2020 se otorgó el documento a 2 personas más con menos del 25% de discapacidad.
Adicionalmente, en el distrito de Salud de Morona se emitieron 4 carnets por discapacidad auditiva con menos del 30% y 10 más sin contar con un examen de médico de especialistas en la materia.
En el distrito de salud de Logroño, también en Morona Santiago, 5 personas recibieron un carnet sin que se les haya tomado un examen complementario, un requisito que era necesario debido a que la discapacidad de los beneficiados no era evidente.
En este distrito de salud también se entregaron 6 carnets a personas que no cumplieron el índice de discapacidad necesario recibirlos, esto según la Contraloría.
El examen con más observaciones se dio en el distrito de Limón Indanza, en la misma Morona Santiago, en donde la Contraloría observó deficiencias en unos 80 procesos de entrega de carnets de discapacidad. Entre los beneficiarios hay personas nacidas o radicadas en Cuenca.
El reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades emitido en el 2013 señalaba que la importación de vehículos con exención de impuestos se podía aplicar solo desde el 40% de discapacidad. Desde el 2017, el beneficio se otorga a quienes tienen 30% de discapacidad o más.
La Contraloría indica que, de acuerdo con la fecha en la que los carnets de discapacidad fueron entregados, se permitió el acceso a la importación de vehículos con rebaja de impuestos.
Por ejemplo dentro de las personas que accedieron a uno de los carnets con discapacidad observados por la Contraloría constan un notario público que importó un Toyota 4 Runner, un funcionario de las Fuerzas Armadas que accedió a un Nissan Armada y dos comerciantes radicados en Cuenca que compraron un Mazda CX5 y un Kía Sportage LX respectivamente. Todos los vehículos nuevos y con rebajas de impuestos.
Otras observaciones
La Contraloría determinó además que en otros 5 casos más, la entrega de carnets con discapacidad se aprobó sin la metodología adecuada para determinar la necesidad de la emisión del documento.
Entre estos 5 beneficiarios del carnet constan un dirigente parroquial, un funcionario del ECU-911, una auxiliar de enfermería de un hospital público y una exauditora del Ministerio de Urbanización y Vivienda.
El ente de control también anotó que, a mediados del 2020, la Zonal 6 de Salud emitió la disposición de que la calificación de discapacidades se mantenga suspendida para evitar que personas vulnerables se arriesguen a un contagio, pero a pesar de que las oficinas estuvieron cerradas, varias personas accedieron al servicio.
Entre los calificados a puerta cerrada se encuentran un funcionario del Ministerio de Ambiente, un exdirector municipal de Gualaceo, un exfuncionario y un médico del Ministerio de Salud Pública, un dirigente social y un exfuncionario de la Policía Nacional.
Según los médicos responsables, la orden de no abrir las puertas durante la pandemia no fue suficientemente socializada por lo que decidieron brindar el servicio.
En los casos de entregas de carnets sin cumplir los requisitos señalaron que el error se debe a una mala interpretación de la Ley Orgánica de Discapacidades, la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, entre otras justificaciones.
El Coordinador Zonal 6 de Salud, Julio Molina, al ser consultado sobre el particular , señaló que la persona responsable del área encargada de entregar los carnets se encuentra revisando la documentación para ofrecer una respuesta a las autoridades.
El director de provisión de los servicios de salud en la Coordinación Zonal, Diego Alvarado, quien según la Contraloría también está a cargo de la supervisión de este tipo de hechos, se encuentra superando un cuadro grave de COVID-19 y de momento no está en condiciones médicas para examinar los casos y determinar responsabilidades.
La Contraloría dio el carácter de definitivo a todos los exámenes y se analiza si las observaciones pueden derivar en sanciones. (JMM) (I)
