Se preparan las reformas a la Ley de Educación Superior, acogiendo así al clamor, sobre todo de estudiantes y padres de familia acerca de la serie de falencias y disposiciones inequitativas que se registran en el citado cuerpo legal, y que han represado el justo acceso a la educación universitaria pública de decenas de miles de jóvenes bachilleres, que con merecimientos por su desempeño en el bachillerato, han quedado sin embargo fuera, debido a los exámenes de ingreso, que ventajosamente han sido ya reemplazado por pruebas evaluatorias.
Sin embargo, más allá de las reformas necesarias a esta Ley, algunos analistas de la educación en el país, han señalado acertadamente que no trata solamente de ampliar las posibilidades de acceso a las universidades ecuatorianas, sino de plantear un hecho capital, es decir que no todos los bachilleres deberían optar por las carreras universitarias, sino que se deben rehabilitar los institutos técnicos superiores, los normales superiores, y ampliar la oferta de la formación artesanal, a fin de formar personal cualificado en todas estas áreas. De esta manera habría alternativas para que los jóvenes puedan optar por otros sistemas de educación y formación profesional, que tanta falta hacen en un país que erróneamente ha sido inducido a dirigir la formación profesional únicamente a las universidades, escuelas superiores politécnicas y otras.
Lamentablemente, en regímenes pasados se centralizó también la dirección de las universidades, en manos de un ente que ha dado muestras de políticas dirigistas y poco democráticas, situación que se ha replicado al interior de las universidades públicas, donde se han perdido conquistas de vieja data, es decir desde la histórica Reforma de Córdoba, como el cogobierno, y la elección de decanos y otras autoridades mediante votación directa. En definitiva, se trata ahora de superar una visión estrecha y presuntamente “de excelencia académica” sin contenido que ha primado por algunas décadas en la conducción universitaria pública.
