“¿Qué pasó con Anabel?”, se preguntan Teresa Lupercio y José Muñoz desde hace cinco años, desde hace 60 meses o, dicho de otro modo, desde hace más de 1825 días. El 1 de julio de 2016 fue la última vez que vieron a su hija. Salió de casa ese viernes en la mañana. Iba a la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca para una clase de supletorios de Dibujo Técnico. Pero no llegó.
Dieciséis días después, su cuerpo fue encontrado por una familia que salió a pescar al Río Yanuncay, en el sector Campana Huaico, en el suroeste de Cuenca, en la provincia de Azuay. Anabel fue víctima de violencia sexual y asesinada el día que desaparició.Tenía 13 años.
La Fiscalía General del Estado expone que entre enero de 2016 y junio de 2021, 39 niñas y adolescentes (hasta los 19 años) fueron víctimas de femicidio en Ecuador. En ese lapso no se registra casos en la provincia de Azuay. Es decir, el de Anabel no consta en las estadísticas oficiales.
En cambio, la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios contabiliza 53 femicidios de niñas y adolescentes (0 – 17 años) en el país entre 2016 y 2019. Cuatro ocurrieron en Azuay.
Jacqueline Veira, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), explica que la ausencia de enfoque de género en las investigaciones lleva a que posibles femicidios se califiquen como otros delitos.
Sin respuestas
‘La nena’, como le decían de cariño, era hermana de Boris, Andrés, Daniel y Viviana. Su familia la describe como una chica divertida que disfrutaba mucho bailar.
Esa mañana de julio, Anabel -ojos oscuros y piel morena- salió a las 07:15 de su casa. Su recorrido entre caminar y subir al bus era de 30 minutos, una distancia considerable en Cuenca.
Llevaba suelto su cabello largo y negro. Vestía uniforme -falda a cuadros, camiseta blanca y chompa azul- cargaba una mochila rosada y un tablero de dibujo. La clase no duraría mucho; de hecho, debía estar de regreso a las 09:30; pero a las 10:00 su madre se empezó a preocupar. A las 12:00 José, su papá, llegó a almorzar, pero su hija no.
A las 15:00, Teresa fue al colegio, pero no encontró a nadie. A las 17:00, junto a José decidieron poner la denuncia formal en la Fiscalía, pero los mandaron a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). También pidieron ayuda en la emisora La Suprema Estación.
Se enteraron que Anabel nunca llegó a clases. Entonces, optaron por difundir su imagen en redes sociales. Paradójicamente, en este espacio también se crearon rumores. Decían “que se ha ido con el enamorado. Incluso escuché que mi hija ha estado embarazada y por eso se largó”, recuerda José.
La psicóloga Liliana Illescas afirma que los rumores en los casos de desapariciones entorpecen las investigaciones. Además, afectan emocionalmente a las familias, ya que la culpabilidad recae en la víctima y su entorno.
“Esos días andábamos pensando en encontrarla viva, pero no fue así”, revive Teresa. El 17 de julio, el cuerpo de Anabel apareció a 7km de su hogar, en el Río Yanuncay. Fue tal la indignación que las autoridades de turno se pronunciaron, prometieron ayuda y justicia.
Promesas
El entonces ministro del Interior, José Serrano, asistió al velorio de Anabel. El exasambleísta aprovechó la oportunidad para hacer ofrecimientos. “Que se preparen esos criminales, porque les vamos a poner frente a la justicia… Vamos a dar una respuesta para que la familia sepa que la justicia aquí en la tierra no les falló”, declaró.
También ofreció una recompensa de $100 000 para quien entregue información. No pasó. “Ya perdí la esperanza, se burlaron de mí”, reconoce el papá de Anabel.
Al año siguiente, en 2017, la entonces viceprefecta de Azuay, María Cecilia Alvarado, se interesó por la historia. “Me decía que me iba a ayudar a seguir investigando para ver si dábamos con los culpables”, cuenta Teresa.
Aunque Alvarado no recuerda detalles, menciona que habló con el fiscal de la provincia y la fiscal a cargo, pero le explicaron que no lograron encontrar indicios suficientes para llamar a juicio. “No había sospechosos, no había nadie detenido. En este caso todo era misterio”, señala.
La investigación del caso Anabel Muñoz comprende un expediente de más de 800 hojas. Allí se evidencia que, mientras se realizaban las pericias correspondientes, apareció una testigo.
Una pista
Noemí (nombre protegido), de entonces 13 años, declaró que Anabel y ella fueron raptadas y violadas por cinco hombres. Ella quedó embarazada. Por su testimonio, el 27 de julio de 2016, se detuvo a cuatro personas, pero no se pudo identificar a la quinta.
Se desarrollaron a la par dos procesos legales: uno por Anabel y otro por Noemí. El de Anabel se juzgó por homicidio y había dos pruebas.
La primera era el testimonio de Noemí pero fue invalidado porque los jueces consideraron que tenía contradicciones. “Olvidaron que era una víctima y un síntoma de haber sufrido un acontecimiento trágico es que no se puede contar todo al pie de la letra”, explica el abogado del caso, Milton Tenenpaguay.
También tenían una prueba científica: restos de semen que encontraron en el cuerpo. Pero el análisis de ADN no coincidió con ninguno de los procesados y fueron absueltos.
Por otro lado, el proceso de Noemí continuó, pero uno de los sospechosos, Edgar G., se fugó y pasó a formar parte de la lista de “los más buscados” de Azuay por delitos de violencia de género.
Cinco años después de lo ocurrido, el 03 de julio de 2021, se anunció que fue capturado. Medios de comunicación nacionales publicaron erróneamente que fue detenido por ser el principal sospechoso del asesinato y violación de Anabel. Pero fue por el caso de Noemí.
Para Tenenpaguay, si él es declarado culpable quedaría pendiente conocer por qué el testimonio de Noemí es válido en su caso y no en el de Anabel.
¿Condición económica, una limitante para acceder a justicia?
Teresa considera que su situación económica le ha impedido tener justicia. Se separó de José y, antes de la pandemia, ella subsistía y mantenía a su familia con la venta de artesanías. Ahora es vendedora ambulante. La Red de Familias Víctimas de Femicidio indica que un juicio es desgastante, emocional y económicamente. “Hay que tener dinero para un buen abogado, psiquiatra, para todo”.
Desde esta organización se visibiliza que para agilizar el proceso se hacen estudios de forma privada. Por ejemplo, se asegura que “un examen para analizar tejidos corporales puede costar $1500”.
En el informe Justicia para las mujeres, publicado por ONU Mujeres y otros organismos en 2020, se indica que las barreras financieras pueden impedir el acceso de quienes viven en la pobreza. Incluso si ellas tienen una comprensión de sus derechos y conocimientos del sistema.
No se puede afirmar que la situación económica de la familia de Anabel determina la impunidad en que se mantiene el crimen; pero impide que su madre esté presente en plantones para hacerse oír. “Se necesita dinero para andar de un lado a otro y no tenía, por eso se quedó ahí, ¿qué más podía hacer?”, dice.
En pausa
El caso permanece en investigación previa como femicidio, porque se cambió el tipo penal para volver a investigar a quienes fueron liberados.
Ecuador aprobó en 2018 la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que garantiza la reparación de las víctimas a través de políticas públicas y acciones integrales. Pero el abogado y sobrino de Teresa señala que el Estado incumple con la obligación de dar una respuesta oportuna. Por eso, no descarta acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teresa confía en que una medida de este tipo le permitirá hacer algo por su hija.
Mientras tanto, en la casa de la familia de Anabel hay dos fotos con las que la recuerdan. La una es grande y está sobre la cama de su mamá. La otra, está en la misma habitación y se guarda en una urna acompañada del Divino Niño y un Jesús con túnica roja. “Es el Señor de la Justicia”, dice Teresa.
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Por Gabriela Alvarado, Daniela González, Aquiles Román y Nicole Torres
Este reportaje fue creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas, con el apoyo de Open Society Foundations.
Desirée Yépez acompañó y editó este proyecto. Gabriel Narváez Cango realizó la verificación de datos.
La equipa de Chicas Poderosas acompañó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y editorial.
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