Lo que ocurre en la ciudad de Zaruma es una muestra más de los efectos devastadores de la actividad minera metálica tanto legal e ilegal que se ha desarrollado por muchísimos años avanzando desde el entorno rural hasta el subsuelo del centro urbano e inclusive con bocas minas en el interior de las casas, a vista y paciencia de las autoridades centrales y locales de diversos gobiernos de turno y evidencia lo desastroso de hacer minería donde quiera que se encuentren minerales, como dijo el ex vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner al presentar el Plan Minero en el 2019.
Más allá de lo ocurrido en Zaruma, la actividad destructiva de la minería metálica ya sea con permiso legal o sin permiso es evidente, arrasa con selvas vírgenes en la región oriental, bosques protectores y humedales en la sierra y contamina vertientes, quebradas y ríos que sirven a poblaciones en la costa, debiendo recordar que las auditorías que ha podido realizar la Contraloría, revelan gravísimas violaciones a la ley en el trámite de las concesiones, cuyos conclusiones y recomendaciones han quedado en el aire.
Todo ocurre con la complicidad de autoridades de diversos gobiernos, como cuando SENAGUA, teniendo el plazo de dos años, incumplió con la delimitación de las zonas de recarga hídrica ordenada por la Ley Orgánica Recursos Hídricos del 6 de agosto del 2014 o como cuando algunos Alcaldes y Concejos Cantonales no expiden o actualizan los Planes de Ordenamiento Territorial para proteger poblados, páramos, bosques, nacientes de ríos, ecosistemas frágiles y en general territorios pletóricos de fauna y flora, estratégicos para la supervivencia de sus habitantes.
Se agudiza la actividad destructiva de la naturaleza cuando existen algunos alcaldes mineros con intereses directos o indirectos llegando a ser juez y parte en la gestión del uso y control del suelo como revelan algunos medios de comunicación.
Otro impulso a la actividad destructiva de la naturaleza por la minería metálica fue alentado con el Decreto Ejecutivo 151 del 5-VIII-2021 mediante el cual se expidió el Plan de Acción para el Sector Minero, que colocó a la administración pública central al servicio de las transnacionales mineras para acelerar los procesos de explotación minera. (O)
