Las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador seguirán su batalla legal para que entre en vigor la ley que regula el aborto en caso de violación si el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, veta la norma aprobada por la Asamblea Nacional, como ya ha anticipado que va a hacer.
Así lo manifestó a Efe la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez De la Torre, una de las promotoras de la demanda que dio lugar a la histórica sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que el año pasado ordenó despenalizar el aborto en caso de violación y elaborar una ley para regular su procedimiento.
Esta norma exigida por la Corte fue aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de febrero, y establece que cualquier mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
Aunque en un primer momento Lasso, de tendencia conservadora, dijo que respetaba la sentencia de la Corte Constitucional, recientemente anticipó su intención de vetar el texto aprobado por el Legislativo al no estar de acuerdo con los plazos estipulados y asegurar que él respeta la vida «desde la concepción».
En ese sentido, Gómez De la Torre consideró que si el mandatario veta la norma, ya sea íntegra o parcialmente, «caería en una ilegalidad, porque esta es una sentencia de la Corte Constitucional y es inapelable, al tratarse de otro poder del Estado y no debería recibir una respuesta de desacato del presidente».
«Él está en la obligación de entender lo que la Corte ha hecho y entender lo que la ley plantea», apuntó Gómez De la Torre.
NUEVAS DEMANDAS
Si finalmente se produce ese veto que ya ha anticipado Lasso en diferentes declaraciones públicas, la presidenta de la Fundación Desafío abogó por recurrir nuevamente a la Corte Constitucional para que haga prevalecer su fallo.
«Lo que nos queda al movimiento de mujeres es seguir luchando para interponer demandas ante la Corte Constitucional para que emita de nuevo otra sentencia donde se obligue a elaborar una ley adecuada», indicó la especialista en derechos sexuales y reproductivos
«La ley resuelve lo que pide la sentencia, y vetarla parcialmente para retroceder sería un desacato y vulneraría el derecho de las mujeres a decidir sobre su derechos reproductivos», apostilló.
Para Gómez De la Torre, el veto presidencial implicaría volver a quedarse sin una ley para proceder con el aborto por violación y «no tener ley es un vacío, porque solo con la sentencia no es suficiente para que el sistema de salud pueda implementar un avance como este».
«Si bien es cierto que ya no estaría criminalizado el aborto en caso de violación, no habría unos lineamientos y una reglamentación que le diga al sistema de salud como proceder», explicó.
LA VIOLACIÓN, UN «FANTASMA REAL»
En ese sentido, la activista se declaró «contenta» con el texto aprobado por la Asamblea pese a que tuvieron que reducirse los plazos permitidos para la interrupción del embarazo con tal de conseguir los 70 votos que eran necesarios para su aprobación.
Gómez De la Torre consideró que «el presidente debe tener claro que este es un avance básicamente para las mujeres pobres, para las mujeres que no pueden contar con información y mucho menos dinero para solventar un aborto seguro en un servicio privado».
«En sus manos está tomar una decisión que va a hacer la diferencia entre que una niña, adolescente o mujer avance o no de poder cumplir sus sueños y metas (…) Tiene una responsabilidad con toda la población de mujeres de edad fértil, que son más o menos 5 millones de mujeres», apuntó.
Al respecto, recordó que las estadísticas oficiales marcan que una de cada tres mujeres en Ecuador afirma haber sufrido violencia sexual.
«Este fantasma de la violación para las niñas y adolescentes es un fantasma real. Está ahí presente y puede suceder alguna vez. Sobre todo en las niñas, que son las que más peligro corren, porque la violencia en ellas es en su familia, en el entorno más cercano en el que viven, y eso las hace más vulnerable», recordó.
Así, Gómez De la Torre opinó que Lasso «debería sentirse orgulloso de que fue en su gestión que se avanzó un gran paso (con esta ley), porque un país que obliga a las mujeres a parir producto de un crimen es un país que violenta los derechos de las mujeres». EFE
