El Gobierno de Ecuador quiere impulsar la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, como parte de su estrategia nacional contra la corrupción, presentada este miércoles con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), de Alemania, tras haber retomado recientemente sus actividades en el país.
Esta Corte se puede encargar de «investigar y sancionar la corrupción a gran escala», según explicó el secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, durante la presentación de la estrategia nacional, en un acto que contó con la presencia de representantes de todos los poderes del Estado.
«Los países en desarrollo debemos generar escudos frente a las nuevas modalidades de corrupción, ya que, frente a la rápida evolución, los instrumentos internacionales se han quedado cortos. Buscamos respuestas nacionales e internacionales que implican nuevos protocolos», señaló Verdesoto.
Como ejemplo de esa colaboración internacional, Verdesoto destacó el grupo de trabajo formado por Ecuador con Canadá y Países Bajos para «tratar la corrupción a gran escala y generar recomendaciones de política pública para la intervención eficiente de la arquitectura anticorrupción, a fin de combatir la cleptocracia».
En ese sentido, el secretario advirtió que «la falta de articulación de las instituciones ecuatorianas con sus pares de otros países debe superarse a través del intercambio de criterios para establecer alertas tempranas».
Asimismo, la estrategia contempla el «diseño de un sistema de detección de corrupción en el comercio internacional de los principales productos de exportación ecuatorianos y del flujo ilícito de activos hacia el país».
COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
A nivel nacional, el presidente Guillermo Lasso convocará la «Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción», una suerte de consejo de Estado con los representantes de todos los poderes estatales para el lineamiento de las instituciones en torno a la prevención.
El enfoque principal de la estrategia es prevenir la corrupción, de modo que se centrará también en sensibilizar a la población sobre las dimensiones y consecuencias a través de materias de difusión masiva, para que crezca la confianza en las instituciones y se incentive a la gente a denunciar casos de corrupción.
Estos esfuerzos se centrarán en diez áreas identificadas como críticas por ser las más atractivas para la corrupción, como son el petróleo, la energía, la minería, las telecomunicaciones, las obras públicas, la seguridad social, la salud, la inclusión y el financiamiento.
Para prevenir los conflictos de interés, la estrategia apunta a obligar a los funcionarios a declarar los patrimonios y llevar una trazabilidad de ellos, así como la aplicación de incompatibilidades y gestión del fenómeno de «la puerta giratoria», pues existe «un alto riesgo de peculado (malversación) en la vulnerabilidad del ‘lobby’ empresarial», según Verdesoto.
MÁS TRANSPARENCIA
Al mismo tiempo, el Gobierno ecuatoriano buscará mejorar la transparencia del gasto público mediante instrumentos como el «big data», especialmente de los presupuestos ya ejecutados, «un tema donde el país tiene una cuenta pendiente», admitió el secretario nacional.
También se buscará una mayor transparencia en la contratación pública para evitar las contrataciones a medida y se tratará de aplicar nuevas tecnologías para el acceso a la información, como el «blockchain» para la trazabilidad de recursos y procesos.
En su intervención, Lasso resaltó el enfoque de prevención de la estrategia, pues aseguró que «no es cuestión únicamente de castigar a la corrupción», ya que los imputados «cumplen la pena y viven felices con el dinero mal habido».
«La corrupción nos hace daños a todos. Corroe a las personas y a las sociedades. Por eso debemos actuar en todo momento y lugar», apuntó el mandatario.
Por su parte, el representante de la KAS para Ecuador y Perú, Robert Helbig, deseó que esta estrategia nacional sea «una semilla fértil» que aflore en todas las instituciones del Estado porque, según él, «la lucha contra la corrupción no se puede aguantar en la voluntad de un gobernante, debe ser exigida y construida por toda la sociedad». EFE(I)
