Tras la última medida adoptada en la Asamblea Nacional en contra de una decisión del Ejecutivo, al posesionar a un superintendente de Bancos al que el Gobierno le había retirado el apoyo, la posibilidad de sentarse a dialogar entre las dos funciones del Estado está “congelada”, así lo aseguró Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.
Al referirse a la invitación que Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, hizo para iniciar un diálogo, Jiménez puntualizó que esta situación será complicada mientras “algunos asambleístas insisten en atropellar el sistema institucional y constitucional del Ecuador”, por lo que una reunión solo se dará si existen “señales concretas de que va a ser un diálogo fructífero y apegado al Derecho”.
“La posición del Gobierno del presidente Guillermo Lasso siempre ha sido absolutamente clara: estamos dispuestos a dialogar, pero tiene que ser con el respeto a las funciones del Estado y con una agenda nacional que priorice las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos”, dijo Jiménez.
En cuanto a las acciones que el Gobierno tomará tras la decisión de la mayoría parlamentaria de oposición, que posesionó a Raúl González como superintendente de bancos, pese a que una sentencia se los prohibía, el presidente Lasso, antes de su viaje a Houston, señaló que no apoyará o impulsará la destitución de los legisladores, como lo dejó entrever Jiménez.
Denuncia
Pese a que el presidente negó cualquier acción en contra de los asambleístas, por posesionar al superintendente, sí se tomó medidas en contra de Raúl González, a quien ayer el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, lo denunció ante la Fiscalía por la comisión de, al menos, tres delitos.
“Se presentó la denuncia contra Raúl González Carrión por la comisión de infracciones contempladas dentro de los siguientes artículos del Código Orgánico Integral Penal: 282, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; 287, usurpación y simulación de funciones; y 278, peculado”, se informó a través de un comunicado. (ASM)-(I)
