Presidenta de Corte de Justicia de Guayas pide declarar emergencia para función Judicial.
Mientras se encontraba lustrándose los zapatos en el parque ubicado en los exteriores del edificio de la Fiscalía del Guayas, el fiscal Édgar Escobar fue baleado por dos personas que, tras una persecución policial, fueron capturadas, uno de los delincuentes es un menor de 16 años.
El fiscal asesinado se especializaba en delitos penales y entre sus últimas investigaciones se encontraban casos relacionados con sicariato, modalidad con la que él mismo fue asesinado; además de procesos relacionados con narcotráfico.
La muerte de Escobar despertó indignación y preocupación por las condiciones en las que laboran los funcionarios judiciales, solo en lo que va del año, tres fiscales, en Manta (Manabí), Babahoyo (Los Ríos) y Guayaquil (Guayas), han sido asesinados al estilo sicariato, además de un juez en Sucumbíos.
La fiscal general, Diana Salazar, a través de su cuenta de Twitter, afirmó estar “indignada profundamente” por el asesinato del fiscal Escobar, puntualizó que este tipo de acciones no frenarán su labor para combatir a la delincuencia y pidió mayores garantías para que estos funcionarios realicen su trabajo.
“Las acciones de la delincuencia no detendrán la labor de la Fiscalía para combatir la criminalidad en nuestro país. Exigimos garantías y seguridad para cumplir con nuestro trabajo”, afirmó Salazar.
Emergencia
En cuanto se conoció la muerte del fiscal, la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la República la declaratoria de emergencia de la función Judicial, para de esta forma acceder de emergencia a los equipos y compras que se requieren para brindar seguridad a los quienes laboran en esta área.
Mientras no se les dé garantías de seguridad, Gallardo solicitó que todos los fiscales y jueces del área penal sean enviados al teletrabajo, para precautelar, en algo, su integridad.
Según explicó María Josefa Coronel, directora de la Judicatura en Guayas, los riesgos a los que están expuestos los servidores judiciales en esta provincia ya han sido explicados a las autoridades, a las que se les ha solicitado que provean de seguridad a los edificios donde funcionan las unidades y que se la proporcionen a los jueces y fiscales.
Peligro
Según Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, desde el 2019, cuando se hizo un análisis de riesgo de los jueces en el país, en coordinación con el Ministerio del Interior, se determinó que 12 magistrados corrían peligro, por lo que se les proporcionó seguridad, desde ese año, el número de jueces en peligro ha aumentado.
En 2020, nueve jueces recibieron amenazas a su integridad; para el 2021 el número subió a 12 y, solo en lo que va del 2022, son 23 los magistrados que han requerido de protección policial debido a acciones tomadas en el desarrollo de sus funciones. El pasado 25 de agosto Nelson Yánez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, fue asesinado al estilo sicariato. Quito.- (ASM)-(I)
