La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por «graves violaciones de derechos» de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados en el país dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020.
Estas conclusiones son parte de un informe al que accedió Efe, emitido por el organismo ante una petición formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009 en la región oriental de Santa Cruz que dio lugar al llamado «caso terrorismo».
La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba la «responsabilidad internacional» del Estado boliviano por la «ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas», es decir, Dwyery, también el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza, recuerda el informe.
«La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio «de las víctimas identificadas en el presente informe», señala el documento.
El organismo hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación y adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
Además recomienda «iniciar una investigación penal» para «esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan».
«Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación», indica el documento.
El informe fue emitido en diciembre de 2021, pero se conoció sobre su existencia el fin de semana por publicaciones de la prensa local.
El abogado Gary Prado Arauz, que defendió a varios de los acusados en el proceso en Bolivia, explicó a Efe que el documento no era público aún, ya que corre una etapa de conciliación, pero aparentemente fue «filtrado» por alguien en la Procuraduría General del Estado.
Según Prado, si las recomendaciones de la CIDH no son atendidas, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Polémico caso
El «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos, incluido Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente Evo Morales.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Los procesados siempre denunciaron que el caso respondía a motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz que pudieran enfrentarse a Morales, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras retirar el entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía de Bolivia sus acusaciones.
Reacciones
En un hilo en Twitter, el expresidente Morales consideró que se busca «direccionar» en su contra el «caso terrorismo» dentro del supuesto «plan negro» que asegura que algunos funcionarios de su propio partido tienen en marcha.
Morales apuntó al exministro interino de Gobierno de Áñez Arturo Murillo por el cierre del caso «pese a la existencia de separatistas confesos y sentenciados» y lamentó que «algunos» traten de «concluir» ese «trabajo sucio» para intentar involucrarle.
«En su momento revelaremos a nuestro pueblo cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso para tratar de defenestrarnos políticamente», señaló y también aseguró que el «lawfare o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa».
Prado Arauz sostuvo que todas las denuncias en torno al caso fueron estudiadas por «una comisión imparcial que no tiene preferencia por Evo Morales o sus adversarios» y que «ha concluido en que sí existieron estas violaciones».
«Entonces no hay plan negro, aquí hay una responsabilidad objetiva», agregó. EFE
