Los siete miembros del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS) lograron salvarse, por ahora, de ser destituidos y censurados, pues la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no logró aprobar un informe en que se recomendaba al pleno que se les inicie un juicio político, por haber encontrado las pruebas suficientes de su incumplimiento de funciones.
El rechazo al mencionado informe se logró con los votos en contra del correísmo y su aliado el Partido Social Cristiano (PSC), mientras que el oficialismo se abstuvo.
¿Por qué se niegan a destituirlos? Es un secreto a voces y en más de una ocasión los legisladores se han acusado mutuamente de que en el interior del CPCCS existen dos bloques, uno afín al correísmo y al PSC, liderado por Sofía Almeida, expresidenta del organismo y sobrina del asambleísta socialcristiano Luis Almeida; y otro que estarían aliado al Gobierno, que actualmente maneja la mayoría y cuya cabeza es Hernán Ulloa, actual titular del Consejo.
La idea inicial del correísmo, en alianza con el ala rebelde de Pachakutik, fue llevar a juicio a los cuatro consejeros de mayoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Empero, el ala oficial de Pachakutik le salió al paso y exigió que el organismo, al ser un cuerpo colegiado, debe responder en conjunto por sus acciones, por lo que se decidió adherir a los consejeros supuestamente aliados del correísmo y el PSC: Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero.
Para Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, el que se haya incluido en el proceso a todos los consejeros fue clave para que el oficialismo y el correísmo se hayan visto obligados a pactar para salvar, cada uno, a sus aliados.
“El trabajo de más de dos meses, en que se investigó, se hizo un enorme esfuerzo para sustanciar centenares de pruebas, de evidencia, de cargo y descargo, no sirve para nada cuando las afinidades políticas y partidistas están de por medio e importan más que velar por los intereses del país, pues perdieron la oportunidad de borrar a una institución que no sirve para nada y que le cuesta al país 142 millones de dólares al año”, afirmó Villavicencio.
María Belén Cordero, del oficialismo, negó la existencia del pacto con el correísmo y el PSC y señaló que la decisión de abstenerse se debió a que en el informe final se sacó del proceso, deslindando de responsabilidades al consejero David Rosero, cuando la intención era procesar a los siete miembros de la institución.
Para el correísta Roberto Cuero, lo sucedido ayer solo se trató de una coincidencia y no de un acuerdo con el Gobierno. “Hay que quitarnos de la mente el ‘cuco’ del pacto”, afirmó.
Decisión del pleno
Aunque ayer no se logró aprobar el informe que recomendaba el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la decisión final la tomará el pleno de la Asamblea Nacional, pues ahora la Comisión de Fiscalización no puede archivar los juicios y deberá remitir las actas y las posiciones de los legisladores al máximo organismo legislativo.
Las causales en las que se encontró pruebas en contra de los consejeros fueron dos: el haber realizado cambios al Reglamento para la elección de contralor, cuando el concurso ya estaba en marcha; y las irregularidades detectadas en el nombramiento de Superintendente de Ordenamiento Territorial. En ninguna de las dos votó David Rosero. (I)
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2 meses tardó el proceso de juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana, que quedaría en nada.
Si oficialismo y correísmo siguen votando juntos, tendrían asegurados los votos para archivar el juicio en contra de los siete consejeros.4cessdy65
