Abarca temas como la seguridad, la reorganización de la Asamblea, la Fiscalía, los partidos políticos y el Consejo de Participación Ciudadana y la protección de los recursos hídricos.
La Corte Constitucional (CC) calificó la constitucionalidad de las ocho preguntas que el presidente Guillermo Lasso le remitió y dio paso para que sean incluidas en una consulta popular, que deberá ser notificada al Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual convocará a elecciones.
Según señaló la CC en su fallo, en el control previo realizado se determinó que las preguntas cumplen los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el que se establece, entre otras cosas, el uso de un lenguaje neutro, sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector; la concordancia entre la pregunta y el texto que se busca modificar; y que no se proporcione información superflua.
Sin embargo, la CC solicitó el cambio de ciertas frases puntuales que podrían afectar la plena libertad de los electores, por lo que fueron calificadas como inconstitucionales, se pidió cambiarlas, pero esto no significó el rechazo a las preguntas.
Inseguridad
Aunque inicialmente el Gobierno anunció la consulta como un mecanismo de solución a los problemas de inseguridad que vive el país, en el grupo aprobado por la CC solo una pregunta se relaciona con este tema y es la que busca permitir la extradición de ecuatorianos que han cometido delitos.
Para Mario Carrillo, experto en temas de seguridad, el tema es importante, porque sería un elemento disuasivo para los delincuentes, que le temerán más a la justicia norteamericana que, a la ecuatoriana, a la que fácilmente vulneran; pero tampoco considera que signifique una solución definitiva al problema que vive el país, que es estructural y requiere de una política pública.
Contrarreloj
Si se busca ahorrarle al país los casi 50 millones de dólares que le costó realizar la consulta popular del 2018 de forma individual, sin ligarlo a las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, el Gobierno y la CC deberán meter el pie en el acelerador, el primero para emitir el decreto en el que se pida convocar al referéndum y la segunda para aprobar las tres preguntas que aún están pendientes.
Según señaló ayer Diana Atamaint, presidenta del CNE, el decreto de las preguntas aprobadas deberá ser emitido como máximo hasta el 22 de noviembre próximo, con lo que se convocaría a elecciones el 7 de diciembre, tiempo desde el cual transcurrirían los 60 días para la organización del evento.
José Cabrera, consejero del CNE, explicó que, si se logran ingresar las preguntas en las elecciones de febrero, podría significarle un ahorro al país de hasta 35 millones de dólares, pues se estima un presupuesto de 15 o 20 millones de dólares.
Pero Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ha manifestado que no están interesados en unificar la consulta con las elecciones, para evitar que se politice el tema y que sea empleado como mecanismo de oposición al Régimen, por parte de los partidos políticos. Quito.- (ASM)-(I)
PREGUNTAS
1
- Permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, es decir, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. La Constitución aprobada en 2008 prohíbe que los connacionales sean trasladados a otro país para ser procesados
2
- Garantizar la autonomía de la Fiscalía, en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios. Se crea un Consejo Fiscal, con el que dejará de estar sublevada al Consejo de la Judicatura, que actualmente tiene la potestad de nombrar a los fiscales. La propia Fiscalía no aprueba este cambio.
3
- Reducir el número de asambleístas a un máximo de 100. Actualmente son 137 y se espera que después del Censo de Población y Vivienda que concluirá este año, el número de legisladores se eleve a 152, pues el número depende del crecimiento poblacional de las provincias. Se busca una mayor gobernabilidad.
4
- Exigir a los movimientos políticos que tengan un número mínimo de afiliados, cuyo registro sea auditado periódicamente por el CNE. Se busca evitar el uso irregular de las firmas para la validación de partidos, según el CNE, más de cuatro millones de personas pertenecen a una agrupación política, la mayoría lo desconoce.
5
- Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Aguas Protegidas, bajo control estatal. El objetivo según lo manifestó el presidente Guillermo Lasso, es proteger el medio ambiente, lo cual lo ha presentado como uno de los pilares de su plan de trabajo, desde la campaña electoral.
6
- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades recibirían compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales. La Constitución del Ecuador es prácticamente la única en el mundo que prohíbe la comercialización de los bonos de carbono, por considerarlos violatorios de la soberanía.
7
- Eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de modo que sea la Asamblea Nacional la que las designe. El expresidente Rafael Correa introdujo este cambio en contra de la “partidocracia”, como resultado, el Gobierno concentró esta potestad.
8
- Modificar el proceso de designación de los miembros del CPCCS, para que sean elegidos mediante un proceso llevado a cabo por la Asamblea Nacional. Tras la consulta popular del 2018, los consejeros pasaron a ser elegidos por el voto popular, lo cual se modificaría, nuevamente, con esta pregunta.
