Tena.- El Juez de la Unidad Judicial Penal de Tena, Fernando Coloma, dictó prisión preventiva para Andrés V., Boris H., David V., Manuel L., Enrique O. y Diana A. por el presunto delito de delincuencia organizada.
La investigación de Fiscalía determinó que, en la provincia de Napo, habría estado operando una estructura delictiva conformada por seis personas, quienes –presuntamente– incurrieron en actos delictivos relacionados con la extracción ilegal de recursos mineros en Pichincha, Orellana, Napo y Morona Santiago.
La Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza de la Policía Nacional efectuaron seguimientos a los ahora procesados.
Estás técnicas de investigación determinaron que, a través de comunicaciones telefónicas planificaban, coordinaban, financiaban y ejecutaban dichas acciones delictivas, bajo el mando y liderazgo de un exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), quien asignaba roles a los miembros de este grupo para la ejecución de actividades de minería con el empleo de maquinaria pesada y otras herramientas, ocasionando un enorme daño a la naturaleza y el ecosistema.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía, la estructura delictiva habría vulnerado los derechos de la naturaleza –reconocidos en la Constitución– con la finalidad de obtener réditos económicos, provocando un grave perjuicio económico al Estado.
La madrugada de este jueves 24 de noviembre, se ejecutaron seis allanamientos en las cuatro provincias donde –además de la detención de los ahora seis procesados– se incautaron diez dispositivos de comunicación móvil, documentos relacionados al ilícito, dos armas de fuego, municiones, matrículas de maquinaria pesada, 18.923,25 dólares en efectivo y cuatro bolas de material metálico de similares características al metal oro.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el agente fiscal Fernando Guerrero –de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional– presentó los elementos de convicción que llevaron al Juez a ordenar prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y las retenciones de los valores y activos que posean en las cuentas del sistema financiero nacional.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días. (I)
