Las defensorías del pueblo de Colombia y Ecuador emitieron este martes 7 de marzo de 2023 su primera alerta temporal binacional ante las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Awá, que habitan ambos lados de la frontera, por cuenta del conflicto armado y de la minería ilegal.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, aseguró en una rueda de prensa que el documento describe «el escenario de riesgo existente en la frontera, en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo», en Colombia, y en los estados ecuatorianos de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.
En estas regiones habitan «comunidades pertenecientes al pueblo Awá, que se encuentran expuestas a las más graves violaciones y riesgos derivados del accionar del crimen organizado y el conflicto armado no internacional».
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la población del pueblo Awá es de más de 25.000 personas y la mayoría de sus miembros se dedican a la agricultura, la pesca y la crianza de animales domésticos.
La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, afirmó «que la situación del pueblo Awá es una situación de riesgo extremo«.
«Lamentablemente en 2022 como Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos documentamos el homicidio de cinco líderes y muchos actos de violencia contra el pueblo Awá«, añadió, y dijo que «esta coordinación binacional para buscar medidas concertadas, coordinadas, que puedan ayudar a prevenir mayor violencia contra el pueblo Awá» es «algo innovador».
Zona de conflicto
En la frontera colombo-ecuatoriana tienen presencia grupos armados irregulares, disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de crimen organizado, según Camargo.
Justamente en el departamento colombiano de Nariño fueron secuestrado por disidencias de las FARC los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, posteriormente asesinados en 2018.
En ese sentido, Camargo advirtió que han sido cometidas «conductas vulneratorias como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como también las graves amenazas contra la vida y la integridad de los líderes y las lideresas y los demás miembros de las comunidades indígenas Awá».
También han ocurrido «accidentes derivados de la contaminación por armas y minas antipersonal«, además de «señalamientos y riesgos a los que se enfrentan también los defensores de defensores humanos».
Igualmente dijo que ocurren «desplazamientos forzados y los confinamientos reiterados y sistemáticos, así como el riesgo diferencial para las personas en proceso de reincorporación y sus familias que también pertenecen a este pueblo».
El defensor del pueblo de Ecuador, César Córdova, expresó que además de estos problemas, hay dificultades por «la minería ilegal».
«Tenemos en áreas de frontera este problema gravísimo que afecta no solo a las personas en su desplazamiento humano, sino afecta ostensiblemente a la naturaleza. La contaminación que hay sobre la naturaleza es tenaz», añadió.
Igualmente, Córdova dijo que instan a los estados colombiano y ecuatoriano a prevenir «este conjunto de violaciones de derechos humanos».
«Prevenir a fin de que se tomen las medidas necesarias, urgentes y evitemos que sigan las vulneraciones a los derechos humanos que hoy en día son transversales», agregó el defensor ecuatoriano.
Invitación a la paz total
El defensor colombiano hizo un llamado «al acompañamiento internacional de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA)» para «continuar apoyando de manera decidida el monitoreo de la situación de riesgo y el seguimiento, sobre todo, a la respuesta por parte de los gobiernos de Colombia y Ecuador ante la emisión de la presente alerta».
Igualmente invitó a los grupos armados a detener «inmediatamente la violencia contra la gran familia Awá y frente a cualquier situación de violencia, de afectación en sus derechos de la población civil, también que demuestren estos genuinos gestos inequívocos de paz».
«No podemos continuar viviendo en un país cargado del temor, de la zozobra, de la intimidación y de los distintos factores de violencia. El mensaje, en mi condición de defensor del pueblo de Colombia, es a los grupos armados a que acojan la propuesta de paz que ha extendido el Gobierno del presidente Gustavo Petro», añadió. EFE
