La oposición ecuatoriana en la Asamblea Nacional (Parlamento) anunció este viernes 10 de marzo de 2023 su intención de abrir la próxima semana el proceso de juicio político a Guillermo Lasso, por una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece mencionado su cuñado.
Las fuerzas opositoras, que son mayoría en el hemiciclo ecuatoriano, realizaron un comunicado conjunto en el que indicaron que «la petición de juicio político está en firme y será presentada a mediados de marzo».
El comunicado lo suscribe en primer lugar el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, así como representantes de distintos grupos que apoyan el juicio político al mandatario que puede derivar en su salida del poder.
Entre los firmantes están integrantes de la bancada parlamentaria Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el Partido Social Cristiano (PSC).
Asimismo, también respaldan la solicitud de juicio político representantes de un sector del movimiento indigenista Pachakutik cercano al actual líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y otro sector disidente de la Izquierda Democrática (ID).
El pasado sábado 4 de marzo de 2023, el pleno de la Asamblea aprobó un informe que recomendaba realizar un juicio político a Lasso, elaborado por una comisión que investigó el presunto entramado de corrupción en empresas públicas que involucra su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
También aparece en este caso el empresario Rubén Cherres, otra persona allegada al oficialismo que en 2021 fue objeto de una investigación policial por sus presuntos nexos con una red de narcotráfico que fue archivada.
El informe de la comisión parlamentaria fue aprobado en el pleno con 104 votos a favor, cuando sólo requería 70 para su aprobación.
Ahí se recomendaba abrir un juicio político de censura al jefe de Estado por presuntamente haber cometido delito contra la seguridad del Estado y omisión en delito contra la administración pública, al considerar que Lasso era supuestamente conocedor de esta trama y que no la detuvo.
El gobierno calificó el informe de la comisión parlamentaria de un «mamotreto» que «carece de validez jurídica» y que resulta «un verdadero atentado a la razón y al sentido común».
Para iniciar el proceso de juicio político se requiere una solicitud secundada con las firmas de 46 firmas, para que luego pase a revisión de la Corte Constitucional, que debe evaluar si la solicitud está debidamente fundamentada.
La presión de la oposición hacia Lasso se ha acrecentado tras la cita electoral del 5 de febrero, donde el correísmo y Pachakutik salieron reforzados al ganar las elecciones locales, mientras que el gobierno salió debilitado al perder el referéndum convocado para aplicar reformas a la Constitución en materia de seguridad, democracia y medio ambiente. EFE
