Frente a los anticipados anuncios de una posible «muerte cruzada» provenientes tanto de Carondelet como del partido político con mayor cantidad de votos en la Asamblea, el panorama del Juicio Político se torna incierto. Esto sucede a pesar del debate aún abierto ante la Comisión de Fiscalización.
En el contexto de las deliberaciones políticas, es bien sabido que las decisiones no se tomarán basadas en la dicotomía de culpable versus inocente, sino en quién tiene el poder político para obtener los votos necesarios. En este sentido, la agenda mediática se divide entre los titulares que respaldan la posición gubernamental acerca de la debilidad de los argumentos del juicio, los argumentos jurídicos insubsistentes, así como las falencias del caso en la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, aquellos que consideran una posible sucesión presidencial se enfocarán en la compra de asambleístas y la amenaza de la muerte cruzada como recurso desesperado desde Carondelet. Además, se destacarán los argumentos que todavía no quedan claros en el caso Flopec y se enfatizará en la ineficiencia y abandono de la gestión gubernamental en el marco de la inseguridad y violencia.
Dado que los titulares de la prensa tradicional cada vez influyen menos en la opinión ciudadana, la conversación digital y no digital es la que más incide en la formación de criterios. Estos criterios se siguen manifestando mayoritariamente en contra no solo de la gestión presidencial, sino de toda la clase política en general y es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento del caos y la anarquía social. Mientras que en la Asamblea no logren ponerse de acuerdo en el número de votos (comprados o no) la ciudadanía se debate en la percepción de abandono ante la creciente inseguridad y violencia que se vuelven cercanas y tangibles en el vecindario.
Independientemente del resultado del juicio político o si finalmente se lleva a cabo la mencionada muerte cruzada, lo que queda claro es que vendrán dos años de profunda decepción ciudadana debido a la incapacidad de la clase política para entender las necesidades de la población. Además, serán dos años de espera en un país con un gobierno, sin importar su signo ideológico, que no podrá articular una política social eficiente, y que enfrentará una clara inestabilidad económica, así como la amenaza permanente del bloqueo político.
