La comparecencia de Carlos Riofrío, contralor general del Estado, para la defensa del presidente Guillermo Lasso fue contundente. Pues recalcó que el informe de Contraloría sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker no determinó responsabilidad penal, es decir, que no existió el delito de peculado del que le acusa al primer mandatario.
A esto se suma que el principal testigo de la oposición, Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, no compareció al juicio, porque calificó a la Comisión de Fiscalización como parcializada.
Su testimonio era relevante porque la carta que le habría enviado al primer mandatario probaría que le alertó sobre las irregularidades en la empresa pública que se encarga del transporte de crudo.
¿Estos hechos son suficiente para que al Presidente no se lo destituya? Para el constitucionalista José Chalco, así debería ser, ya que el juicio político al Presidente de la República, a diferencia de lo que ocurre en los procesos contra otras autoridades, no solo se debe basar en lo político, es decir, en los votos, sino que además debe tener una base jurídica. Por esa razón se solicitó el dictamen de la Corte Constitucional.
“Es una vergüenza que se señale repetidamente que un juicio político no tiene que ser un tema de naturaleza jurídica. Si así fuera, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establecería un período para presentar pruebas de cargo y descargo, ni siquiera se hablarían de pruebas. Se iría directo a la votación”, afirmó Chalco.
El experto además anticipó que una destitución de Lasso, pese a no contar con las pruebas en su contra, le traerá al Estado problemas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha advertido a Perú y a Ecuador, sobre el uso abusivo que se ha hecho de la figura del juicio político, violando las normas legales y el debido proceso. Por lo que Lasso podría iniciarle una demanda al país.
Roger Celi, experto en procedimiento legislativo, señaló que, efectivamente, si se tratase de un juicio ordinario, lo dicho por el Contralor sería suficiente para que el proceso contra el Presidente se caiga.
Sin embargo, al ser un juicio político, esto carece de relevancia, pues lo que al final prevalecerá serán los votos. Se necesitan 92 para destituir a Lasso.
Para Celi, lo que sí podrían generar las pruebas presentadas es un cambio en la posición de los legisladores. Es decir, quienes creían que el presidente Lasso debía ser destituido ahora se inclinen por mantenerlo en el cargo, porque consideran que es inocente.
No obstante, la ciudadanía debe estar pendiente de que la variación de opinión obedece efectivamente a este tema y no a la supuesta compra de votos, sobre lo que ya se ha conocido en el Legislativo. Quito.- (ASM) – (I)
