“Justicia por mano propia” se escucha por doquier como reacción popular ante la imparable acción criminal de bandas delictivas.
Eso implica suplir el rol de instituciones como la Policía y la Justicia para castigar a quienes delinquen, asesinan, secuestran, extorsionan, con acciones extremas como quemarlos vivos, apedrearlos, apalearlos, y hasta de matarlos.
Estamos hablando de actos de barbarie; de querer acudir a ellos al sentirse desprotegidos por el Estado; de padecer alguna enfermedad mental producto del miedo, del pánico, de no avizorar acciones interinstitucionales para romper la ola delictiva.
En estos días se difunden linchamientos a sospechosos, ni se diga a quienes son sorprendidos robando o circulando para cobrar las “vacunas”.
Quienes hacen justicia por mano propia pueden ser procesados penalmente, pues, se juzga el acto como tal y no la razón de hecho.
En tal contexto, viene bien el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). Los obispos católicos piden a los violentos abandonar las armas, no matar a sus hermanos ni extorsionarlos.
También demandan políticas públicas en pro de la paz, del diálogo, del estado de derecho, de la seguridad pública, evitando “medidas populistas” cuya aplicación traerá más violencia, en clara alusión a la tenencia y porte de armas -si bien reguladas- como mecanismo de defensa propia.
Piden a los líderes sociales y políticos renunciar a sus intereses personales e ideológicos; a velar por el trabajo, salud, educación y la seguridad; a emprender jornadas reflexivas sobre las causas de la violencia y superarlas con acciones concretas.
Ojalá el pronunciamiento de la CEE cale en la clase política, en el Gobierno; de pronto, hasta entre quienes delinquen, para darse una nueva oportunidad y reinsertarse en la sociedad; y también en el pueblo sufrido y atemorizado. (O)
