Ecuador se despertó este miércoles con un sorpresivo decreto emitido por su presidente, el conservador Guillermo Lasso, en el que aplicaba la llamada «muerte cruzada», un mecanismo extraordinario que contempla su Constitución como salida a una crisis de gobernabilidad.
Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional en medio de un juicio político que enfrentaba por parte de la oposición.
Esta acción fue llevada a cabo mediante la aplicación de un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», el cual es único en la región.
Lasso expresó a través de su cuenta oficial de Twitter: «Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para brindar una solución constitucional a la crisis política y a la conmoción interna que enfrenta Ecuador».
Según Lasso, este mecanismo permitirá «devolver el poder de decidir el futuro del país al pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones».
¿Qué implica la ‘muerte cruzada’ aplicada por Lasso?
La denominada «muerte cruzada» está prevista en el artículo 148 de la carta magna ecuatoriana de 2008, promovida bajo el mandato presidencial del progresista Rafael Correa (2007-2017) y es la primera vez que se hace uso de él desde que entró en vigor esta Constitución.
La ‘muerte cruzada’ es un mecanismo constitucional introducido en 2008 por el expresidente Rafael Correa, quien actualmente lidera la oposición contra Lasso.
Este mecanismo permite al presidente del país, durante los primeros tres años de su mandato, decretar la disolución de la Asamblea Nacional.
Existen tres causales para este proceso. Una de ellas es cuando el presidente considera que la Asamblea ha asumido funciones que no le corresponden. En este caso, se requiere la aprobación previa de la Corte Constitucional.
Sin embargo, las otras dos opciones solo implican la firma de un decreto.
Estas dos opciones se pueden implementar en casos de «graves crisis política y conmoción interna», o si la Asamblea Nacional obstaculiza de manera reiterada e injustificada la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.
Es importante destacar que tanto el presidente como la Asamblea Nacional del país vecino también cuentan con este mecanismo según la Constitución.
De hecho, este mecanismo fue aplicado anteriormente durante el juicio político contra Lasso llevado a cabo el año pasado en el contexto del paro indígena.
¿Cuáles son las implicaciones de la ‘muerte cruzada’?
Este mecanismo no solo conlleva la destitución de los asambleístas, sino que también pone fin al mandato presidencial en curso, en este caso, el de Guillermo Lasso.
«Se le llama muerte cruzada porque, a diferencia de otros procesos ocurridos en el pasado, en los que el Congreso destituía a los presidentes, en este caso el mandatario también entrega su cargo», explicó Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.
En ese artículo se da la facultad al presidente de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y al mismo tiempo adelantar las elecciones generales.
El decreto firmado por Lasso solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones anticipadas tanto para presidente como para legisladores.
De esta forma, Lasso, que estaba a punto de llegar al ecuador de su mandato presidencial para el que fue elegido en 2021, sacrificará casi toda la segunda mitad del periodo a cambio de gobernar sin una Asamblea que controlaba la oposición de izquierdas, con el correísmo como fuerza mayoritaria.
Las autoridades electas cumplirán el resto del mandato presidencial, es decir, hasta mayo de 2025.
«El correísmo parte como favorito para estas elecciones, por lo tanto, gana, pero al mismo tiempo también pierde, ya que no le interesa desgastarse por el corto tiempo que queda», mencionó Jaramillo.
Mientras, hasta la realización de los comicios y el establecimiento de la nueva Asamblea Nacional, el mandatario puede gobernar mediante decretos ley que deben tener la revisión previa de la Corte Constitucional, pero solo a través de decretos económicos.
De acuerdo al mismo artículo 148, el jefe de Estado puede recurrir a esta herramienta constitucional en cualquier momento dentro de los primeros 3 años de su mandato, de un total de 4 años, por lo que a partir del último año del periodo presidencial no puede hacer uso de ella.
De hecho, ya ha anunciado la firma de una reforma tributaria.
«He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y permitir que cerca de $200 millones regresen a sus hogares», declaró en su mensaje televisado.
SOLO BAJO TRES CAUSALES
Puede hacerlo solo si, «a juicio» del presidente, se dan tres escenarios concretos: una grave crisis política y conmoción interna, una obstrucción reiterada e injustificada de la Asamblea al Plan Nacional de Desarrollo, o si la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
En este caso, Lasso ha considerado que existe una «grave crisis política y conmoción interna» fruto del juicio político de censura emprendido por la oposición en su contra bajo la acusación de un supuesto delito de peculado (malversación), algo que el presidente ha calificado de una acusación infundada e inventada.
A su criterio, el mandatario cree que la oposición ha buscado sacarlo del poder hasta en cuatro ocasiones de varias formas y que la acusación de peculado es un pretexto sin pruebas hacia ese objetivo.
En el trasfondo queda la incertidumbre de que el Gobierno lograra los votos suficientes para salvar la moción de censura, por lo que la oposición ha rechazado el argumento utilizado por Lasso para aplicar la «muerte cruzada».
Para los promotores del juicio político, que principalmente son el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), no existe tal «grave crisis política y conmoción interna» y consideraron ilegítimo aplicar la «muerte cruzada» para evitar una probable destitución, por lo que han presentado una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional.
ELECCIONES PARA COMPLETAR PERIODO 2021-2025
Una vez aplicada, el artículo 148 de la Constitución indica que, «en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos».
Es decir, que las nuevas autoridades electas tendrán un corto mandato de menos de 2 años hasta culminar el periodo 2021-2025, cuando volverá a haber nuevas elecciones generales.
En una rueda de prensa, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que se trata de un «desafío» realizar el proceso de votación dentro de los próximos 90 días, y anotó que en las próximas horas organizarán un calendario electoral, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral (órgano de justicia electoral), que debe ser aprobado por el pleno del CNE.
No existe impedimento para que Lasso pueda presentarse a la reelección en estos comicios, pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indicó que próximamente informará de su decisión respecto a ser nuevamente candidato. EFE
