El número de presuntos delincuentes abatidos en Ecuador por la Policía Nacional ascendió a 45 desde inicios de año, según informó este jueves 29 de junio de 2023 el ministro del Interior, Juan Zapata.
El último de ellos fue abatido durante una operación para la liberación de un empresario italiano que había sido secuestrado.
«Lo ratificamos: ante amenazas letales, respuestas letales«, dijo en un mensaje publicado en redes sociales por Zapata.
El miércoles, en Guayaquil, la Policía abatió a otro presunto delincuente e hirió a otro para evitar un robo, y el martes, en esa misma urbe, se abatió a otra persona ante una denuncia vecinal por presencia de personas armadas en la zona.
Con casi medio centenar de personas abatidas en cerca de seis meses, la cifra contrasta con los seis que se registraron en todo 2022, según los datos difundidos por la Policía.
El incremento de actuaciones letales de la Policía ecuatoriana se ha acelerado en los últimos meses a raíz de las disposiciones marcadas por el Gobierno para enfrentar la crecida de la delincuencia y de las acciones del crimen organizado.
Entre esas acciones está la recomendación realizada a finales de abril por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), de usar armas letales para combatir la oleada de delitos y crímenes en el país, atribuidos a bandas de delincuentes a las que calificó de “terroristas”.
Asimismo, en mayo entró en vigor el reglamento de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que refuerza el uso del armamento reglamentario de la Policía.
«El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó», dijo en su momento el presidente Guillermo Lasso, al suscribir esta norma.
Eso documento define que «la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública».
El mismo ministro Zapata ha calificado como un referente en la región la ley de seguridad aprobada en Chile, conocida como «Naím-Retamal», que otorga más libertad de maniobra al cuerpo de Carabineros (Policía militarizada) en el uso de las armas de fuego. EFE
