El futuro del petróleo en Ecuador se juega en un inédito e histórico plebiscito nacional que decidirá este domingo, 20 de agosto de 2023, si se deja de explotar uno de sus principales yacimientos de crudo, en una votación donde los ambientalistas quieren dar al mundo un ejemplo de protección de la Amazonía mediante el voto popular y los petroleros evitar un torpedo a la línea de flotación de la economía ecuatoriana.
Se trata de un caso sin precedentes que un país ponga en manos de la población si se continúa o no con una explotación de crudo en una zona, en un momento contradictorio en el panorama internacional, donde todas las direcciones apuntan hacia la transición energética mientras la demanda global de petróleo sigue aún al alza.
Así, esta votación, a la que están llamados más de 13,4 millones de ecuatorianos, puede sentar un precedente mundial y, de tener un resultado exitoso, puede animar a los colectivos ambientalistas de Ecuador a impulsar nuevas consultas sobre otros yacimientos de petróleo, una industria que es uno de los principales pilares de la economía nacional, al representar cerca de una décima parte del producto interior bruto (PIB).
El objeto de esta consulta es el Bloque 43-ITT, uno de los cuatro yacimientos que se explotan dentro del Parque Nacional Yasuní, una reserva natural a la que se le considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana y un epicentro mundial de biodiversidad.
También se busca la protección de los tagaeri, taromenane y dugakaeri, tres clanes familiares de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan dentro del Yasuní y cuya zona intangible limita con el Bloque 43-ITT, que desde 2016 opera la empresa estatal Petroecuador.
Los planes de la compañía son hacer nuevas perforaciones en el sur del yacimiento, concretamente en el campo Ishpingo, el más cercano a la zona intangible por la que se mueven estos pueblos nativos nómadas.
Diez años de espera
El plebiscito fue impulsado por el colectivo ambientalista Yasunidos, que consiguió sacar adelante la realización de la consulta nacional tras reunir 757.000 firmas y ganar una batalla legal que duró diez años contra los órganos electorales de Ecuador.
Ellos se enfocaron únicamente en el Bloque 43-ITT, el más reciente en entrar en operación y el más productivo, si bien dentro del Yasuní se explota petróleo desde los años 80 en los Bloques 16, 31 y 67, a los que no atañe este plebiscito.
Del Bloque 43-ITT salen a diario unos 55.000 barriles de petróleo, que representan alrededor del 11 % de la producción nacional, que ronda los 480.000 barriles de crudo diarios.
Desde que comenzasen las operaciones en 2016, no hay reportes oficiales de que haya habido derrames de crudo al medioambiente, ni tampoco la empresa registra contactos con los indígenas en aislamiento voluntario.
Petroecuador siempre ha sostenido que el desarrollo del Bloque 43-ITT se ha hecho con los más altos estándares para que el impacto ambiental sea el mínimo, de modo que las instalaciones ocupan apenas 80 hectáreas del millón que tiene el Parque Nacional Yasuní.
Esto sobre todo al aplicar la perforación en racimo, que permite que desde una misma plataforma salgan decenas de pozos en múltiples direcciones sin necesidad de tener cientos de plataformas con un pozo en vertical cada una.
Millonario coste
Existen grandes diferencias entre el perjuicio económico que supondría para Ecuador el cese del Bloque 43-ITT.
Para el Gobierno, el Estado dejaría de obtener 1.200 millones de dólares en beneficios al año y calcula que serían 13.800 millones de dólares en los siguientes veinte años, mientras que estima un gasto de 500 millones de dólares para desmantelar unas instalaciones que costaron cerca de 2.000 millones de dólares.
Los ambientalistas afirman que el beneficio por la operación del Bloque 43-ITT es mucho menor e incluso piensan que el coste de producción no va a hacerlo rentable a medida que el precio internacional del barril de petróleo vaya descendiendo, por lo que proponen compensarlo con un impuesto a la riqueza.
A la par que la consulta del Yasuní, en Quito se celebrará otra promovida por el colectivo Quito Sin Minería, que busca prohibir la explotación minera en el Chocó Andino, un espacio declarado reserva de la biósfera por la Unesco, de 287.000 hectáreas, de las que 124.000 se encuentran en la Mancomunidad del Chocó Andino, que forma parte del área metropolitana de la capital ecuatoriana.
Los ecologistas sostienen que la minería dañará el ambiente, algo que desmiente la Cámara de Minería al afirmar que, si se llegasen a explotar las concesiones que están en fase de exploración y otras en proceso de adjudicación, la actividad se concentraría sólo en el 0,4% del Chocó Andino. (EFE)
