No faltan los sobresaltos para Cuenca desde el centralismo, cuyos variopintos pretextos rebasan la paciencia colectiva.
Esta vez, a pretexto de atraer inversiones y de darles seguridad jurídica el Ministerio de Energía pretende conformar el Fideicomiso de Administración y Pagos del Sector Eléctrico.
La fiduciaria administrará los recursos recaudados por las empresas eléctricas distribuidoras de energía, dando prelación en los pagos a los inversionistas privados, cuya estabilidad financiera quiere garantizar el Estado.
Nadie niega la importancia de las inversiones sean nacionales o extranjeras. Es más, son necesarias.
Sin embargo, la propuesta, primero socava la autonomía financiera, económica y de gestión de aquellas empresas; segundo, la fiduciaria sería el destino de las recaudaciones, en el caso de Cuenca, de la Empresa Municipal de Aseo (EMAC), y las del Cuerpo de Bomberos, en su orden, USD 17 millones y 7, 2 millones anuales.
Esos recursos son recaudados por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur a través de las planillas por el consumo de energía y reembolsados mes a mes a sus legítimos dueños.
Autoridades locales demandaron la inconstitucionalidad del artículo 12 del fideicomiso. La Corte Constitucional (CC) la admitió a trámite; pues la reforma vulnera la autonomía de las empresas eléctricas.
El reclamo de Cuenca, liderado por la Municipalidad y otros sectores, tuvo eco en la Prefectura de Pichincha y el Consorcio de los GAD Provinciales cuyos recursos “amicus curiae” sumaron fuerza y argumentos ante la CC.
La semana anterior, el ministro de Energía, Fernando Santos, compareció ante el Concejo Cantonal de Cuenca, pero sus argumentos a favor del fideicomiso no convencieron, mucho más si Azuay tiene amargas experiencias cuando sus recursos económicos deben pasar por el filtro del centralismo.
La resolución de la CC debe quedar en firme. Sentará un gran precedente a favor de la región.
