El parte policial de un accidente de tránsito ocurrido hace un mes y medio en el norte de Quito tiene una descripción llamativa. El conductor de una camioneta doble cabina se impactó contra otro auto estacionado. Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al lugar de inmediato.
Al detener al conductor se evidenció que tenía las pupilas dilatadas, se tambaleaba y no podía articular palabras fluidas. De inmediato, con el dispositivo realizaron la prueba de alcocheck al conductor que ocasionó el percance. “En las tres veces que sopló, marcó cero sin poder comprobar si consumió o no alcohol”, consta en el parte.
En menos de 24 horas, el chofer fue liberado. Esto porque no se pudo comprobar si estaba borracho o había consumido sustancias prohibidas. “No tenemos aparatos que permitan comprobar el consumo de cualquier tipo de droga. La única forma es con un examen de orina o de sangre, pero no hay el responsable de los gastos económicos”, explica Alexandra Urquizo, agente de la AMT que ha sido testigo de estos vacíos legales.
Victor Romero, exjuez de Tránsito, reconoce que hay una confusión legal porque no existe un parámetro diferenciador entre el consumo del licor y de droga. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona hasta con 30 días de prisión y la pérdida de 15 puntos en la licencia por conducir bajo efectos de drogas.
Sin embargo, el problema está en la falta de equipos que permitan comprobar, científicamente, que un conductor está bajo los efectos de estupefacientes. El artículo 464 del mismo COIP determina que los agentes deben usar el ‘narcotest’ cuando haya indicios en conductores. Esto no se cumple en el lugar de los hechos. Puede ser exigido por un juez, pero hasta que eso ocurra ya no son evidentes los síntomas de haber consumido.
La Policía Nacional, la Agencia de Tránsito del Ecuador y otras entidades de control han presentado desde el año pasado a la Agencia Nacional de Tránsito el pedido para que se haga la compra y homologación de ‘narcotest’, pero el trámite no ha avanzado.
Romero considera que debe existir una reforma legal desde la nueva Asamblea Nacional que permita separar el tipo de accidentes cuando hay consumo de sustancias. “Debe castigarse con todo el peso de la ley a una persona que maneja luego de consumir cualquier tipo de droga. Es igual de peligroso que el alcohol”, señala el jurista.
Según las estadísticas de la Agencia Nacional, entre enero y agosto de este año, se registraron 946 accidentes de tránsito ocasionados por conductores bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos. Pichincha (275), Guayas (192), Tungurahua (104) y Azuay (79) son las provincias con mayor registro de accidentabilidad por esta causa.
La Policía Nacional presentará el pedido al nuevo Gobierno para que se pueda destinar recursos en la compra de ’narcotest’ que permita aumentar los controles rutinarios en las vías del país y emprender una campaña sobre los riesgos y sanciones. El tema también estará agendado en la mesa de seguridad que agrupará a todos los actores de la vialidad, movilidad y salud del país.
¿Cómo se esquiva la prueba de alcocheck?
La médico Andrea Castillo dice que hay personas que han consumido cualquier sustancia beben un vaso de agua o leche antes de la prueba de alcocheck y así no marcan ningún grado de alcohol al momento de la misma.
En los últimos cinco años en países europeos, el problema ya generó medidas urgentes. En España, Francia, Alemania y Suiza comenzaron a usar los denominados ‘narcotest’. Este dispositivo tecnológico consiste en una paleta que toma una muestra de saliva.
Luego de unos segundos en el dispositivo y análisis químico, la prueba permite detectar hasta cinco tipos de narcóticos como marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y pasta base. El grado de consumo puede ser corroborado con un examen en la sangre del conductor.
La Policía Nacional presentará un plan también para que en la Asamblea Nacional se analice el endurecimiento de penas por estas causales y espera que la Agencia Nacional articule un mecanismo que permita financiar la compra de los dispositivos.
