Por primera vez desde febrero del 2021, cuando se produjo la primera masacre carcelaria, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional han confirmado tener el control de al menos siete cárceles del país.
Uniformados ingresaron este domingo 14 de enero de 2024 tras siete días en los que se llegó a tener secuestradas a 178 personas, incluidos guías y trabajadores penitenciarios.
El proceso inició el sábado 13 de enero de 2024 en la noche, cuando se logró la liberación de las 155 personas que seguían en manos de los reos, en siete prisiones, en la negociación jugó un papel importante la Iglesia católica, que actuó como mediadora.
El operativo de ingreso a las cárceles arrancó a la madrugada del domingo, con la incursión al centro de detención de Machala, al que se entró a través de orificios que los uniformados hicieron en las paredes del lugar. Un total de 800 policías y militares participaron de esta operación.
También cayó la cárcel de Esmeraldas, 1.100 uniformados hicieron su ingreso a este centro penitenciario en el que, desde hace años, lideran “Los Tiguerones” y en el que, hasta la noche del viernes estuvieron cautivos 11 guías y funcionarios penitenciarios.
Para el operativo en esta cárcel se usaron drones y helicópteros, en este lugar, según informó Norman Cano, jefe de la Policía Nacional de la Zona 1, se encontró una gran cantidad de armas de fuego, explosivos, droga y objetos prohibidos, como celulares.
Otras de las prisiones que, hasta el cierre de esta edición estaban totalmente en manos de los uniformados fue la de Ambato, en la que los presos retuvieron a 11 guías penitenciarios.
Mientras se realizaban las intervenciones de las cárceles de Azuay, Azogues, Cotopaxi y Loja, en todas participaron personal de élite de la Policía Nacional y de las Fuerzas Especiales.
Una vez tomado el control, una a una se revisaron las celdas y los reos fueron colocados, semidesnudos, en los patios de las cárceles, al estilo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador al que se le resalta su trabajo para mermar la violencia en su país.
Intervención
Para Mario Carrillo, experto en seguridad penitenciaria, lo ocurrido el domingo fue lo que desde hace años se venía exigiendo en el país.
Hacía falta una incursión general, que desmantele a las bandas delincuenciales que operan desde las cárceles.
“Si las Fuerzas Armadas le ganamos a Perú en una guerra, cómo no íbamos a poder controlar 35 cárceles; el problema es que, desde el Estado no existía la voluntad política para tomar la decisión que hoy se ha tomado”, afirmó el experto.
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, es importante que el Gobierno, para alcanzar la liberación de los guías y el ingreso a las cárceles, no haya negociado bajo ningún aspecto, ceder beneficios para los miembros de las bandas delincuenciales, pues a la final, significaría una solución que se quedaría en lo mediato que, con el tiempo, complicaría aún más la situación.
“Con los terroristas y con quienes han sembrado la violencia en el país no se pacta, eso se debe aplicar en todas las áreas, incluida la Asamblea Nacional”, afirmó Rodas, quien además recalcó que este proceso debe estar al margen de objetivos electorales o de estrategias contrarias a los intereses de los ecuatorianos. Quito.- (ASM)-(I)
