Todavía no hay certezas, pero ya hay oposición. El presidente Daniel Noboa presentó los diseños de las nuevas cárceles de seguridad como parte del plan Fénix. La obra estaba planificada para empezar en enero y el anuncio oficial fue que las nuevas instalaciones carcelarias serían en la provincia amazónica de Pastaza y la otra en Santa Elena, ciudad costera.
En ambas provincias hay preocupación por el silencio gubernamental sobre las zonas exactas donde se levantarán las nuevas estructuras. Hay algunas pistas. Por ejemplo, la Cámara de Turismo (Camtur) de Baños se activó con la alerta que hay un análisis para construir en la Shell, parroquia del cantón Mera (Pastaza) ubicada a 40 kilómetros del cantón Tungurahuense.
Camtur emitió un comunicado y solicitó que se revea esta decisión. El documento fue enviado al presidente Noboa. “Somos el primer destino turístico del Ecuador y la entrada a nuestra Amazonía. Sugerimos que dicha construcción podría realizarse en una zona inhabitada del Ecuador, ejemplo, la isla Júpiter”, se puede leer en el documento.
Carmen Luna, presidenta de Camtur, explica que Shell es un sitio estratégico para Baños porque es el ingreso a la Amazonía. “Estamos pidiendo que se analicen varias posibilidades que no impacten en el turismo de la región. Es riesgoso porque ya vemos todo lo que implica tener centros carcelarios”, explica.
No es la única voz de oposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) pidió a sus filiales mantenerse en vigilia permanente sobre la zona donde se construirá el centro carcelario que tendría capacidad para 736 internos, según el anuncio del Gobierno.
José Esach Puenchir, presidente de la Confeniae, detalla que ya han enviado comunicado a la Asamblea Nacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dice que el principal temor es que se incrementará los índices de criminalidad e inseguridad en los territorios amazónicos.
Confeniae también envió un comunicado a la Presidencia. “Reiteramos nuestro rechazo a la construcción de una megacárcel de máxima seguridad en la provincia de Pastaza. Los mega complejos carcelarios están directamente relacionados con los mayores hechos de violencia en Ecuador”, se lee en el documento firmado por Esach.
Desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado tampoco hay información. Los asambleístas de Pastaza, Jaime Guevara, del movimiento Unidos por Pastaza, y Fausto Fernández, del movimiento Semilla, han solicitado información al Ministerio de Gobierno y a los Municipios de ambas provincias. En el requerimiento se pidió información clara como detalles de los costos de las cárceles, los permisos ambientales, los permisos de construcción, los planes de contingencia, entre otros detalles.
El asambleísta Guevara explicó que en su rol de legislador ha interpuesto las acciones precautelatorias ante la Defensoría del Pueblo para que el tema sea analizado minuciosamente antes de la construcción del centro carcelario.
Por su parte, el asambleísta representante de Santa Elena, Otto Vera, del Par t ido Social Cristiano, dijo que espera mantener reuniones con representantes del Gobierno. Sin embargo, una posibilidad es que la cárcel sea ubicada en la comunidad Juntas del Pacífico, de la parroquia Julio Moreno, en el límite entre Guayas y Santa Elena.
Más de 5800 detenidos y sigilo en su procesamiento
El Ministerio de Gobierno y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) mantienen en reserva la ubicación de los detenidos en los operativos de seguridad que realiza el Gobierno.
En los reportes oficiales solo se revelan las cifras, pero aún no se dan detalles sobre cómo son ubicados en los centros carcelarios. Mónica Palencia, ministra de Gobierno, detalló que se maneja la información con sigilo para evitar filtraciones que puedan alterar los planes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Según el último corte han sido detenidas 5804 personas. De ese total, 237 están siendo procesados por terrorismo. En total se han realizado 71.068 operativos de seguridad en conjunto. Asimismo, en el reporte oficial se detalla que 34 personas privadas de la libertad han sido recapturadas.
Como parte de estas tareas de seguridad impulsadas desde el Gobierno se han reportado 28 embarcaciones detenidas. Asimismo, se contabilizan 9.778 explosivos incautados. En los últimos días también se ha movilizado a líderes de bandas peligrosas de centros carcelarios, pero no se han dado detalles por seguridad.
