Mucho se habla de que para atraer inversión es necesaria la seguridad jurídica, pero en la situación actual resulta que ése es el menor de nuestros problemas: ahora nos vemos enfrentados a un escenario en el que la seguridad personal y física de los individuos es la que está en riesgo, y entre esos individuos están empresarios e inversores que decidieron establecer negocios en nuestro país y cuya presencia en el Ecuador podría culminar.
La ola de inseguridad y atentados que han venido ocurriendo desde el inicio de 2024 son hechos de extrema gravedad, y no solo han causado conmoción social. También generan graves estragos en la dinámica económica. No me refiero solamente a los emprendimientos que ven una caída en sus ventas debido al auto confinamiento de las personas y a un decreto que limita la movilidad nocturna, hechos que en sí revisten ya una realidad preocupante. Es necesario enfocarse también en la incertidumbre que habrá de aquí en adelante respecto de la presencia de inversionistas nacionales y extranjeros en el Ecuador.
Muchos de ellos decidieron afincarse en el país y establecer aquí sus negocios, pero dadas las circunstancias deben estar haciendo maletas para salir con sus familias del Ecuador. Quizá no desmontarán sus inversiones, al menos no en el corto plazo, pero la necesidad humana de buscar un lugar más seguro para llevar una vida tranquila, tiene sus consecuencias en el mediano y largo plazo.
Al final de cuentas, los empresarios son seres humanos y actúan como tal. Al igual que los migrantes, una vez que salen del Ecuador y comparan la situación de seguridad en otro sitio, no vuelven más. Y si establecen sus domicilios en otras naciones, es probable que decidan emprender allá, relegando los negocios que mantienen en el Ecuador y dejando en la incertidumbre la noción de permanencia operativa de esos negocios acá.
El problema es más grave si tomamos en cuenta que desde, hace algunos años, ciertos segmentos poblacionales envían a sus hijos a estudiar fuera del país. Dado el escenario actual, ese talento humano joven y bien preparado que tanto necesita el Ecuador, sencillamente no regresará y eso representa otra pérdida incalculable para el país.
De allí la necesidad de enfrentar el problema de la inseguridad con una planificación atada a políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de condiciones mínimas para habitar el Ecuador y desarrollar actividades productivas, sin la amenaza del crimen organizado.
Es eso o enfrentarnos no solamente a un default económico, sino también un default de talento humano. (O)
