El caso “Purga”, llevado adelante en los últimos días por la Fiscalía General del Estado, daría cuenta nuevamente de que el Organo Judicial Ecuatoriano acusaría de una evidente y creciente proceso de corrupción; que involucraría sobre todo a varios jueces, cuyos dictámenes y sentencias habrían favorecido a personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada y bandas narco delictivas.
Se trata de un caso vinculado a aquel otro caso mayor denominado como “Metástasis” y que daría cuenta también de los vínculos del grupo narco delictivo, encabezado por Leandro Norero, con funcionarios y Jueces del Organo Judicial.
Son casos que se hallan en proceso de investigación y cuyas principales pruebas serían hasta ahora conversaciones, a través de chats revelados por la Fiscalía, entre los supuestos involucrados en los mismos. De aquí que el proceso investigativo debería continuar con la mayor rigurosidad, profundidad y objetividad; sobre todo para disipar aquellas suspicacias, en el sentido de que la Fiscalía General no sólo tendría una finalidad judicial (combatir la corrupción y la criminalidad), sino también una presunta intención política contra ciertos sectores o personajes políticos, con los que ha mantenido discrepancias públicas.
Por lo demás, el caso “Metástasis” y el caso “Purga” no son sino los casos más publicitados, últimamente, sobre la corrupción y la penetración del crimen organizado en el Organo Judicial y en otras instancias del aparato del Estado; pues junto a estos están casos anteriores, a los que no les ha dado una similar cobertura mediática y en torno a los cuales tampoco ha habido una preocupación fuerte y ágil por parte de la Fiscalía. Así tenemos, por ejemplo, los casos “Encuentro” y “León de Troya”; el primero, que revelaría la corrupción institucionalizada que se habría dado en las empresas públicas; y, el segundo, los nexos con la mafia albanesa por parte de ciertos altos funcionarios gubernamentales y jefes policiales durante el Gobierno anterior.
De cualquier manera, los diferentes casos, tengan o no el mismo tratamiento por la Fiscalía, lo que develan es la profunda crisis institucional y ética en la que han entrado no sólo el Estado y la política, sino también diversos ámbitos de la propia sociedad. (O)
