Las entidades del sector público no deben ser “agencias de empleo”, peor juntas de beneficencia para otorgar contratos, como los de consultorías por ejemplo, sin ser estrictamente necesarias, a favor de coidearios o amigos; o inventarse cargos con este mismo fin.
Pero, lamentablemente, eso siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo.
De nada sirven las promesas cuando en campaña electoral, los aspirantes a alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, aun a la presidencia de la República, hasta juran no caer en esos vicios de la mala práctica política. Y la gente los cree.
Ya en el cargo hacen todo lo contrario. En el caso de los entes seccionales, a pretexto de autonomía financiera, incurren en los mismos vicios, a veces sin siquiera esconder las apariencias.
Aprovechar, por ejemplo, el cargo de concejales para ubicar a sus familiares es falta de decencia política, de incoherencia; más bien de oportunismo, de influenciar y hasta de exigir.
Peor todavía si para lograr esos apetitos burocráticos la entidad nominadora, acaso se ve obligada a inventarse cargos con onerosos sueldos.
Por eso, como lo expresa el clamor popular, hay secretarias de las secretarias, asesores de los asesores, coordinadores hasta para ver si funciona o no el escritorio del único coordinador. En fin.
Los organismos seccionales deben estar repletos de resultados de consultorías, aun sobre aspectos irrelevantes, pero a cambio altos costos económicos, únicamente para quedar bien con el directivo del partido o movimiento, con el financista de la campaña, o con los amigos.
Más peor es cuando, descubiertas esas malas prácticas, salen a defender lo indefendible, sin siquiera sonrojarse, y hasta amenazan, vía judicial, a quienes osan ponerles ante el ojo del escrutinio público.
Los políticos, no todos por su puesto, están lejos de dignificar la política; al contrario la embarran y le vacían de su real significado.
