En 2024, el mapa minero ecuatoriano presenta 14 proyectos (entre exploración y explotación), ubicados en su mayoría en la zona austral del país. Las exportaciones de estos recursos naturales no renovables, alcanzaron la cifra de USD $. 3324 millones de dólares, todo lo cual le convierte en una industria atractiva para los intereses del Estado.
Sin embargo, gran parte de los proyectos, no han podido pasar a las siguientes fases a consecuencia de falta de normativa, en materia de consulta previa libre e informada, así como en lo relativo a consulta ambiental. Particular que, incluso obtuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador, por inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, el cual reformó el Código Orgánico del Ambiente.
Entre los aspectos sustanciales de la sentencia se señaló que, tiene que ser el Estado quien realice los procesos de consulta, pues esta prerrogativa es indelegable a los operadores.
Mientras que, en Auto de aclaración y ampliación 51-23-IN/24, de 24 de febrero de 2024, se indicó que, hasta que la Asamblea emita una Ley de Consulta Previa, deberán ser los propios Ministerios quiénes como responsables ejecuten, desde la planificación este proceso de consulta previa.
Por ello, el 6 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas, expidió el Acuerdo Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM, con el cual creó un “Manual” para operativizar al Consulta Previa. Sin embargo, el mismo no contó con un proceso de consulta prelegislativa, conforme lo estableció la propia Corte, en sus decisiones: No. 20-12-IN/20 y No. 45-15-IN/22; así como en algunos apartados de esta norma, abre la posibilidad para “apoyarse en terceros”, para realizar el proceso.
Esto ha generado rechazo entre los movimientos sociales, quiénes han presentado una nueva demanda de inconstitucionalidad. A lo mejor en Ecuador hace falta sentar las bases para un acuerdo nacional, en el que nos sinceremos respecto del modelo de desarrollo que queremos y en qué lugares lo queremos hacer. Pues es evidente que, los problemas a nivel de gobernabilidad no podemos resolverlos entre los diferentes actores, y esperamos siempre que una Corte lo dirima. (O)
