La comunicación gubernamental enfrenta una dinámica distinta en tiempos en donde las crisis se vuelven múltiples y, a su vez, más complejas. En los últimos 10 días, el gobierno ecuatoriano ha debido enfrentar escándalos mediáticos sobre el comportamiento del presidente, violencia e inseguridad en varias provincias, criminalidad y enfrentamientos en las comunidades de Palo Quemado, y, nuevamente, amotinamientos en recintos penitenciarios. Lo cierto es que cualquiera que haya sido el plan gubernamental durante estos días, la agenda se vio trastocada por los golpes que recibió en tan poco tiempo.
La reacción gubernamental ha sido, por lo general, la que los principios del manual de gestión de crisis de comunicación obligan. Establecer una vocería y, con ello, un relato que ofrezca certidumbre ante los hechos que preocupan a la población. Estas versiones pueden ser más o menos fuertes o creíbles dependiendo de las vocerías establecidas. En este sentido, la ausencia de la voz presidencial ante el asesinato de la alcaldesa de San Vicente fue sentida y reclamada por la ciudadanía, constituyendo un error en la gestión comunicacional, dado que el gobierno se mostró frío y distante al dejar al Ministerio del Interior esa delicada tarea.
De manera más reciente, la presencia del primer mandatario en poblaciones como Socio Vivienda en el marco de operativos antidelincuenciales recuerda a otras épocas en donde las pantallas mostraban estéticas similares del primer mandatario de ese entonces en un relato sobre seguridad cuyo contenido, lamentablemente, había estado vacío. El desafío comunicacional está en evitar el «cromo repetido», a pesar de que los hechos parecieran similares, como es el caso del nuevo amotinamiento en un centro carcelario.
