La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, justificó la irrupción que realizó la Policía Nacional a la sede diplomática de México, en Quito, argumentando que existía el riesgo de que Jorge Glas se fugue.
“La decisión del Presidente de la República fue tomada además ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía”, afirmó la ministra en rueda de prensa realizada este sábado 6 de abril de 2024.
El riesgo inminente de fuga de Glas se hizo latente, según la Canciller, después de que el Gobierno ecuatoriano expulsó la embajadora de México, tras las declaraciones el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrado (AMLO).
AMLO se pronunció sobre las elecciones del 2023 en Ecuador y sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, declaraciones a las que Sommerfeld calificó como “muy desafortunadas” y que contravinieron, “claramente” el principio fundamental de no intervención de los asuntos internos de otros estados.
La canciller acusó al Gobierno mexicano de irrespetar la obligación que tienen los estados miembros de Naciones Unidas de luchar contra la corrupción, al permitir que una persona acusada de cohecho, asociación ilícita y peculado sea merecedora de asilo diplomático, en lugar de cumplir con lo que establece la ley.
“La embajada mexicana, al recibir a Glas, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención de los asuntos internos de otros estados”, dijo Sommerfeld.
Según la Canciller, previo a ingresar a la embajada mexicana, Ecuador agotó el diálogo, pero México insistió en otorgarle el asilo a Glas, por lo que la vía diplomática dejó de ser una opción.
“Se le expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones y oficiales, que no procede la concesión del asilo diplomático, en virtud de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 y la Convención de Montevideo de 1933, que establecen que no es licito conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, afirmó la ministra.
