Esta es la octava edición del análisis de las 11 preguntas que tiene el Referéndum y Consulta Popular 2024, que se cumplirá este domingo 21 de abril. En este plebiscito se busca consultar a la población si está o no de acuerdo con que los delincuentes pueden cumplir penas fuera de la cárcel.
La pregunta ocho es: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social…”?
Según el anexo de esta pregunta, esto aplica para quienes hayan sido sentenciados por delitos como financiación del terrorismo y reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos.
También por secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados.
Igualmente, por tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión; tráfico de influencias; oferta de tráfico de influencias; testaferrismo; y revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, entre otros.
De ser aprobada esta pregunta, el Presidente de la República en el plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Exjuez se refiere a las penas fuera de la cárcel
Para Miguel Arias, exjuez de Azuay, “vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde el derecho penal se convierte en la respuesta del poder del Estado, es una respuesta mínima, de ultima ratio”.
“Es decir, del mismo modo que el Estado asume la potestad punitiva, es decir de castigar, también adquiere la obligación de propiciar la rehabilitación y reinserción social de la persona sin excepciones…”, dijo.
A criterio de Arias, en este proceso de crecimiento delincuencial el Estado se ha visto obligado a soslayar muchas garantías constitucionales a pretexto de combatir la inseguridad.
Considera que la respuesta del Estado solo ha sido punitiva, “hasta cierto punto perversa en contra de principios constitucionales contenidos incluso en instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Arias citó al destacado tratadista Claus Roxin, de Alemania, quien sostiene que el delito solo termina cuando una persona es reinsertada en la sociedad.
Pero, “la pregunta es ¿cómo se reinserta sino se rehabilita y cómo se rehabilita sino tiene la oportunidad del cambio de régimen? si todo el tiempo está cumpliendo la privación de libertad…”.
Perfilación criminal para delincuentes en la cárcel
A criterio de Ana Minga, especialista en perfilación criminal, “de acuerdo al anexo de esta pregunta es importante que los ecuatorianos demos el sí, porque por primera vez se estaría estratificando la población carcelaria”.
“¿Quiénes cumplirían estás penas en su totalidad en las cárceles?, todas las personas que estén vinculadas a estás grandes organizaciones de crimen organizado…”, señaló.
Añadió “es para cada una de las que ha cumplido una función en este engranaje ilegal, y justamente eso es lo que se quiere combatir porque han aterrorizado a todo el Ecuador y a la región, es crimen transnacional”.
Para Minga “siempre en las cárceles se debería desarrollar una perfilación de las mentes de los PPL, aunque suene feo, pero es la realidad, hay sujetos que pueden y quieren rehabilitarse, otros, no”.
Considera que la intención de esta pregunta es evitar la impunidad y las prelibertades concedidas con sobornos y comprando consciencias. Se busca que los criminales cumplan su sentencia con un régimen cerrado.
“No es justo que personas líderes de crimen organizado pasen sus sentencias en arresto domiciliario, por ejemplo, cuando son un gran peligro para la sociedad”, expresó.
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