Finalizado el estado de excepción, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto “reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en el país”.
Durante las últimas semanas mucho se habló sobre el futuro del Ecuador en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, aún agazapado en sus escondites, con operadores directos e indirectos en el sistema de justicia; igual con padrinos políticos, con cuanto les queda todavía en las cárceles, sus tentáculos a nivel internacional; es más, con sus paraísos en la economía para blanquear el dinero sucio, casi intocable.
Hubo muchas críticas sobre el plan de seguridad implementado por el Gobierno. Se sembraron dudas pese a los resultados obtenidos durante la vigencia del estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno.
Todo eso, en alguna medida, favorece a los grupos de delincuencia organizada, temerosos, además, de un eventual triunfo del sí en la consulta popular, en especial de la extradición.
Seguir reconociendo la persistencia del conflicto armado interno no deja de ser un alivio. Por ello, el gobernante dispone la continuidad de las operaciones militares para “prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional”.
Ejército y Policía seguirán trabajando para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos, provocados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas.
La presencia, sobre todo la acción, de las fuerzas del orden insufla ánimo y confianza en la ciudadanía.
Asimismo, las cárceles son declaradas como zonas de seguridad, por cuya razón militares y policías la garantizarán dentro y fuera de ellas.
Las acciones desplegadas en esos centros penitenciarios reconfirmaron la certeza conocida por todos: estaban bajo el control de las bandas criminales, desde donde seguían delinquiendo, en franco desafío al propio Estado.
La inseguridad es la preocupación número uno de los ecuatorianos. No se debe baja la guardia.
