La irrupción de la fuerza pública en la embajada de México en el Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y con otros procesos judiciales de por medio, ha puesto al país en un escenario internacional complicado y, casa adentro, en una discusión de impredecibles consecuencias políticas.
De alguna manera eso es aceptable. Son derivaciones de una decisión gubernamental, aplaudida por unos, condenada por otros.
Ecuador podría ser sancionado. Es una posibilidad, si bien en el mundo diplomático todo puede pasar y pesar.
Un expresidente de la República, prófugo de la justicia y procesado por otros casos de corrupción, exige sanciones drásticas para su propio país, en tanto sus adláteres preparan toda la artillería para plantear juicios políticos en contra de varios ministros de Estado.
No podía esperarse otra cosa del exmandatario, conociendo su temperamento, su influencia dogmática entre sus seguidores, su “fidelidad” hacia Glas, el “hombre fuerte” mientras gobernó.
Esa defensa es natural, obvia además, como lo hizo a favor de otros personajes impuros, como un exasambleísta, ahora prófugo, y más procesados por presumírseles ser parte de la narcopolítica.
Pero llegar al extremo de exigir condena a su propio país no deja revelar cuan vil es, cuanto odio y rencor encierra en su alma atormentada o su manía por volver al poder.
Los organismos internacionales, de darse el caso, sabrán actuar con base a las normas del derecho internacional.
El Gobierno del Ecuador sabrá defenderse, demostrando las razones judiciales por las cuales optó por impedir la salida del país de un sentenciado por la justicia, aceptado como huésped en la embajada mexicana, y luego favorecido con el asilo.
Aquél, quiérase o no aceptar, es un problema político-ideológico, considerando la línea partidista del gobierno mexicano, con la cual comulga quien pide sancionar a su propio país, y la del ecuatoriano.
El problema recién comienza.
