“Cero impunidad, cueste lo que cueste” afirmó el presidente Noboa. Una expresión que se dice fácil, sobre todo para quien heredó mucho. El costo se aprecia en función del esfuerzo. El valor de la democracia, del respeto internacional, o de un día de trabajo, cambia en la perspectiva de quien tuvo que luchar porque su voz sea tomada en cuenta, por ocultar la vergüenza de que le digan que su presidente estaba loco, o porque al llegar a casa, lo ganado en el día apenas alcanza para que coman sus hijos.
Es un consenso general que la impunidad no puede ser tolerada, al igual que se deben respetar las normas y acuerdos internacionales. La credibilidad en la figura presidencial debe ser ganada y preservada, al igual que el respeto por la dignidad de todos, sean adversarios políticos o aliados. Cuando estos valores fundamentales se ven socavados, los cimientos de los proyectos y gobiernos comienzan a resquebrajarse.
Hay costos cuyos réditos no son suficientes en el largo plazo y, por lo tanto, sus decisiones deben ser mejor meditadas. En este contexto, la convocatoria a una nueva consulta popular, en medio de una crisis diplomática, sin resolver los problemas de inseguridad y violencia, y durante una crisis energética, ha dejado al descubierto la fragilidad del gobierno.
El presidente Noboa ha sacrificado el prestigio internacional, el consenso político legislativo y ha comprometido la agenda posterior a la consulta, poniendo en riesgo incluso su posible reelección en 2025. Esta decisión impulsiva, alimentada por la desesperación, pone en evidencia que, en política, no todo se puede sacrificar bajo el lema de «cueste lo que cueste», especialmente si el costo es la integridad misma del gobierno y su liderazgo. (O)
