Numerosos y diversos cuestionamientos ha recibido, en los últimos días, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa por el permiso ambiental que se habría dado, en situaciones poco claras, para la construcción de un megaproyecto habitacional en el sector de Olón, por parte de una empresa propiedad de la esposa del Presidente Lavinia Valbonesi; un proyecto del cual habrían formado también parte altos funcionarios gubernamentales, como la Ministra del interior, el Ministro de obras públicas e, incluso, la directora nacional del partido gubernamental ADN.
Dicha construcción pretendería hacerse en una zona declarada como bosque protector y, por ende, ambientalmente sensible; de aquí las alertas y los reclamos realizados por comuneros de Olón y por organizaciones ecologistas; amén de que la Corte Constitucional, en unos de sus anteriores dictámenes, ya dispuso la defensa de los manglares y la realización de una consulta previa en el caso de que se pretenda algún tipo de intervención en los mismos.
De parte del Gobierno la respuesta frente al tema sólo se dio 48 horas después de que estallara el escándalo y sólo cuando vio que este se volvía cada vez más mediático. Una respuesta poco convincente y contradictoria; pues, inexplicablemente, en esa respuesta se alega que la zona en la que se pretende construir el complejo habitacional no es un bosque protector, cuando días antes si estaba registrado como tal; además de que se ha pretendido señalar que el permiso ambiental fue realizado en el periodo del Gobierno de Lasso, cuando lo que se ha constatado es que dicho permiso se dio 5 días después de iniciarse el Gobierno de Noboa. Aún más el Gobierno en su defensa ha recurrido, como otras veces en las que ha recibido cuestionamientos. a victimizarse y a acusar a otros con la afirmación que se trata de un “ataque político”.
En todo caso, con todo lo visto hasta ahora en el caso Olón, lo que se podría evidenciar es que presumiblemente se trataría de un caso en el que el Gobierno abusando del poder habría pretendido favorecer a un negocio inmobiliario de personas allegadas al mismo; una situación que no resulta nada ética ni legal, y que por supuesto debería ser investigada y comprobada por los organismos judiciales y de control del Estado. (O)
