En los pasillos de la Contraloría General del Estado (CGE) todos prefieren hablar en voz baja. En los últimos días, en la galería de fotos de los 41 ex contralores hay un detalle. En los retratos de Pablo Celi y Carlos Pólit hay una franja roja con letras blancas que cubren los rostros. Allí se puede leer: ‘Persona no grata para la CGE. Vergüenza Nacional’.
La Asociación de Empleados de la Contraloría promovió la iniciativa para castigar a las dos ex autoridades sentenciadas judicialmente. Pablo Sánchez, presidente de la Asociación, explica que la finalidad simbólica de colocar esa frase es crear conciencia en los funcionarios que son parte de esta entidad y que a diario miran dichas imágenes.
El actual contralor, Mauricio Torres, agrega que se apoyó el plan de tapar las fotos porque ambos contralores han dañado la imagen institucional de la entidad de control. Celi, en el 2023, fue sentenciado a 13 años de cárcel por participación en delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.
En el expediente de la Fiscalía, Celi y 11 personas más participaron en delitos de corrupción y lavado de activos. Este año, en cambio, a finales de abril y en Miami, la Corte Federal de Estados Unidos sentenció como culpable a Pólit en seis cargos por lavado de activos. Pólit fue Contralor General en el periodo 2007-2017. Según lo ocurrido en la audiencia, el ex contralor recibió USD 10 millones en coimas de la constructora Odebrecht. Aún espera su sentencia.
La acción de cubrir el rostro generó una división interna en los funcionarios de la Contraloría. Torres reconoce que en distintas áreas hay personas que no se sumaron a la iniciativa porque trabajaron y fueron parte de ambos periodos.
Algunos han sido identificados. “Lo que hemos hecho es separarlos de las unidades sensibles, hemos hecho lo posible porque no se acerquen a esas áreas”, detalla. Internamente en la Contraloría hay tensión. 32 funcionarios tienen procesos disciplinarios abiertos internamente en la entidad. También 26 nombres de empleados de CGE están involucrados en procesos de investigación de la Fiscalía.
Torres denuncia que a su llegada, en la entidad operaba una red delictiva muy peligrosa y actuaba en dos frentes. Los informes son alarmantes. La peligrosa estructura se manejaba a través de un estudio jurídico que se encargaba de desaparecer las glosas y otra en cambio se encargaba de ocultar informes de auditoría hasta su caducidad.
“Se detectaron expedientes caducados, auditorías mal realizadas y hasta casos de extorsión”, se describió en los documentos. L a entidad tomó precauciones. Los funcionarios implicados fueron reubicados en otro edificio y áreas para que no tengan acceso a información privilegiada.
En la indagación preliminar se reveló que son 3.000 exámenes caducados , auditorías mal hechas, cobros a servidores públicos examinados y órdenes de destitución no ejecutadas. En 45 casos no se pudo hacer nada porque prescribieron y a pesar de que funcionarios debieron ser despedidos esto no se cumplió.
Pablo Celi tildó de ‘sainete populista’ El ex contralor del Estado, Pablo Celi, reaccionó al acto simbólico de tachar su rostro de la galería de presidentes. Cumpliendo el arresto domiciliario emitió un comunicado en el que calificó como sainete populista la colocación del título de persona no grata en la galería de contralor es ubicada en el salón de sesiones.
“El sainete populista del actual contralor colabora con la persecución política. La liturgia ridícula de ocultamiento de un retrato, es una muestra más del acoso y persecución política que enfrento”, se puede leer en una parte de la misiva. Celi estuvo en la Contraloría entre el 2017 y el 2021.
Dentro de las investigaciones enfrenta un proceso penal por supuesta participación en delincuencia organizada con el desvanecimiento de glosas en contratos de la estatal Petroecuador. Criticó la iniciativa impulsada por la Asociación de empleados y contó con el apoyo del Contralor. “No es función del Contralor validar propagandística mente una sentencia no ejecutoriada, impugnada judicialmente”, escribió. Celi está sentenciado a 13 años de cárcel por su participación en el caso Las Torres.
