La elección de jueces debe ser otra preocupación relevante de todos los sectores ciudadanos, independientemente de simpatías o animadversiones políticas.
Hay demasiados antecedentes para nada gratos como para no pensar de esa manera.
Investigaciones lideradas por la Fiscalía derivaron en los casos Metástasis, Purga, Plaga, entre otros, de los cuales forman parte, para vergüenza de la Justicia, algunos jueces y fiscales, y hasta altos mandos del Consejo de la Judicatura (CJ).
Corresponde al CJ designar, previo concurso público, a los nuevos jueces. El anterior fue dado de baja por irregularidades de fondo.
Como es de suponer y lógico, además, eso da lugar a amplios debates organizados por los medios de comunicación sobre requisitos, pruebas, incluyendo la de confianza, hojas de vida transparentes, en fin, todo cuanto sea necesario para contar con jueces dignos, no timoratos, incorruptos; obsesionados por aplicar justicia con independencia, sin presiones, sin hipotecar sus conciencias ni ceder ante intereses de otra naturaleza.
Según analistas, más allá de ver si los aspirantes tienen o no afinidad con cierto partido o movimiento político, o si los defendieron judicialmente, importa sobremanera abrir los ojos, no solo al CJ sino a la sociedad en general, para impedir la intromisión del narcotráfico a fin de tener, como ha ocurrido antes, jueces a su servicio.
Importará también elegirlos de acuerdo a sus especialidades; pues, en el pasado, los designados fueron ubicados en áreas del Derecho sobre las cuales no tenían preparación académica ni experiencia.
La Justicia requiere dar un giro de 360 grados a fin recuperar la confianza y credibilidad ciudadana, mucho más en momentos críticos por el accionar del narcotráfico, de varios políticos y de personajes de “alto vuelto” en busca de impunidad.
Vale insistir, toda la sociedad debe cuadrar la mira en torno al referido concurso. No es cualquier concurso.
